El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha resaltado la labor del grupo de trabajo creado por la Agencia de la Competencia de Andalucía para estudiar reclamaciones por los daños y perjuicios que ocasionen prácticas anticompetitivas en el mercado y ha señalado entre sus objetivos impulsar que la normativa estatal permita demandas colectivas por daños cuando se realice la trasposición de la Directiva que va a aprobar la Comisión Europea sobre esta materia.

Sánchez Maldonado ha recordado en una respuesta a una pregunta parlamentaria en comisión que Andalucía cuenta con una Agencia de Defensa de la Competencia regional cuya labor es ayudar a las víctimas de los operadores económicos que emplean tácticas contrarias a la libre competencia en los mercados, como el pacto de precios de productos o servicios o el abuso de posiciones de dominio en el mercado para arrinconar o eliminar a competidores.

Como parte de esta función, la Agencia de Defensa de la Competencia coordina un grupo de trabajo sobre reclamaciones por los daños y perjuicios de prácticas anticompetitivas, en el que están presentes también las tres federaciones de consumidores más representativas (Facua, UCA/UCE y Al-Ándalus), técnicos de la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía y miembros de las Cátedras de Competencia de las Universidades de Sevilla y Málaga. Una iniciativa, ha señalado el consejero, a la que ya han solicitado sumarse otras autoridades de competencia de Cataluña, Aragón y País Vasco.

Entre los principales objetivos de este grupo, el consejero ha enumerado la elaboración de un método para cuantificar los daños originados por las conductas anticompetitivas, propuestas de modificaciones normativas, la difusión de los resultados alcanzados, así como el establecimiento de relaciones con otras administraciones e instituciones para impulsar estas iniciativas.

De esta forma, su actividad se centrará en el análisis de las reclamaciones sobre daños y perjuicios por actuaciones ilícitas en materia de competencia efectuadas en los ámbitos europeo o español y en la posibilidad de instar acciones colectivas.

Así, la iniciativa andaluza pretende impulsar las acciones colectivas por daños en materia de competencia, debido a que la propuesta de Directiva sobre los daños y perjuicios ocasionados por las infracciones del Derecho de la Competencia que elabora actualmente la Comisión Europea no las recoge, por lo que Andalucía respalda su inclusión en el proceso de transposición. En la actualidad, solamente una cuarta parte de los cárteles sancionados por la Comisión Europea originan reclamaciones.

El grupo de trabajo centrará también su atención en otros aspectos al servicio de los perjudicados por los cárteles y abusos de posición de dominio, como la rebaja de los costes procesales, la cuantificación de los daños, el acceso a las pruebas o la publicidad de las acciones de reclamación, para que otros perjudicados se puedan adherir, y potenciar nuevas vías de resolución extrajudicial de conflictos.

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha iniciado la ruta de trabajo de este grupo con un análisis del marco normativo sobre los procedimientos de reclamación, para indagar a continuación qué instrumentos técnicos y jurídicos pueden mejorar las vías de reclamación por daños y perjuicios de consumidores y usuarios.

Como primer caso de análisis, el consejero de Economía ha explicado que el grupo está analizando los daños ocasionados en Andalucía con la manipulación del Euríbor por un conjunto de bancos, un caso que ha provocado que Europa haya impuesto una multa récord de 1.700 millones de euros a seis entidades financieras internacionales por crear un cártel que alteró el proceso de formación de precios de índices como el Libor y el Euríbor.