El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha defendido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno andaluz contra la Ley de Unidad de Mercado por tratarse de una norma estatal que "invade competencias y resta autonomía a Andalucía" y a la que ha calificado de "provinciana".

En una comparecencia en comisión parlamentaria, Sánchez Maldonado ha justificado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), puesto que introduce un "evidente riesgo de deslocalización", además de "ignorar las normas andaluzas", lo que afecta "no sólo a los operadores, sino a todos los ciudadanos y a la administración de destino".

Lamenta que "se opte por una homologación a la baja y una tendencia reguladora bajista, erosionando calidades". "En vez de emplearse el referente europeo, se emplea el referente nacional", se lamenta el consejero.

De esta forma, considera que "el sistema sancionador andaluz queda relegado al papel de mero transmisor y solo se reconoce la autoridad de origen del producto", toda vez que "se recoge como medida estrella la 'licencia única', mediante la que todas las empresas que tengan acceso a operar en una comunidad puedan tenerlo en todas las demás".

"Esta medida va bien para la propaganda separatista pero es inane para el despegue industrial", asevera.

Asimismo, alerta del "grave riesgo de inseguridad jurídica para el consumidor, que deberá averiguar el lugar de procedencia del operador" y reconoce que la Junta "se ha visto obligada a actuar y ha sustanciado recurso contra la ley no por confrontar sino porque creemos que vulnera las competencias de Andalucía".

A su juicio, el Estado "debería haber mostrado una actitud de diálogo con las administraciones territoriales implicadas y convocar conferencias sectoriales antes de su aplicación y aprobación".

"Es una oportunidad perdida para resolver problemas y distorsiones en sectores económicos concretos", ha aseverado el consejero, quien ha recordado que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que entró en vigor el 11 de marzo, ha generado alarma en órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Económico y Social y es una norma estatal elaborada "a espaldas" de las comunidades autónomas, que ha sido recurrida también por País Vasco y Cataluña.

Ha añadido que preocupa que "otras regiones con normas más laxas y niveles de amparo jurídico más endebles se conviertan en paraísos normativos y económicos para las empresas que quieran penetrar en otras regiones con legislaciones más rigurosas en la protección de sus consumidores".

El consejero ha explicado que esta ley "supondrá una gran discriminación entre los operadores económicos según la región de donde provengan, ya que al amparo de esta ley la Comunidad donde quiera ejercer una empresa con sede social en otra se verá forzada a dejarla operar sin poderle exigir los requisitos que sí impone a sus propios operadores, pese a ser el territorio destinatario final de sus servicios".

A su juicio, en la práctica, esto perjudicará a las empresas andaluzas, que van a tener que operar en el mercado andaluz compitiendo con empresas provenientes de otras comunidades que pueden regirse por marcos jurídicos menos exigentes.

También ha resaltado que afecta a los ciudadanos, porque "incita a la desregulación y hace prevalecer el inicio y desarrollo de actividades económicas sobre otros intereses generales como la seguridad de los consumidores".

Otro efecto de la norma señalado por Sánchez Maldonado es el debilitamiento de las facultades autonómicas de control y sanción respecto de los productos fabricados fuera de la comunidad, puesto que "un operador foráneo que comercialice sus productos en Andalucía sólo podrá ser sancionado por el incumplimiento de normas de elaboración y calidad aplicables en su comunidad de origen y no con el rigor con que la normativa de la Junta".

Bases del recurso

Ante todo esto, el consejero ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado se fundamenta en que vulnera las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; atenta contra la eficacia territorial de las normas de Andalucía; y perturba la competencia de la comunidad andaluza para la regulación y el control de la actividad económica reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Del mismo modo, el recurso argumenta que la Ley discrimina la normativa de la comunidad y establece la prevalencia de la normativa de la autoridad de origen; y vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que el criterio que lleva a aplicar la normativa en función de la procedencia del sujeto y no del lugar donde se ejerza la actividad origina que en un territorio puedan coexistir regímenes jurídicos distintos respecto de un mismo producto o servicio, lo cual supone una "auténtica esquizofrenia legislativa".

Junto a ello, la norma se recurre porque vulnera la competencia de Andalucía de organización institucional y establecimiento del procedimiento administrativo, al obligar a las comunidades a remitir a la Administración central sus proyectos normativos que afecten a la unidad de mercado.

"Afecta a la esencia y estructura de su autonomía y Andalucía recurre la ley porque es necesario restablecer el orden constitucional que perturba esta ley", ha aseverado el consejero, quien indica que la Junta, no obstante, "comparte el principio de unidad de mercado".

Asimismo, ha señalado que, a pesar de este recurso, Andalucía ha mostrado su "máxima cooperación y diálogo" y su lealtad institucional frente a la Administración central y está asistiendo en una actitud dialogante a las conferencias sectoriales que se están convocando.

Críticas del pp

Por su parte, el diputado del PP Rafael Carmona considera este recurso "inoportuno e inconcebible" y ha recordado que la Junta "ya lleva 12 recursos en lo que va de legislatura, muchos más que las leyes aprobadas".

Carmona defiende que es una ley "buena, necesaria y que viene impulsada por una directiva europea" y considera que la Junta "critica a aquel que toma decisiones", frente a lo que pide que "tenga valentía y tienda la mano a quien toma decisiones, pues son necesarias las reformas y todos los sectores aplauden esta ley tan necesaria, que generará economías de escala e incentivará la competitividad".

El diputado del PSOE Carmelo Gómez considera que esta norma "afecta a todos los ciudadanos" y supone "desregularizar las competencias de la comunidad autónoma" además de suponer una "pérdida de seguridad jurídica para Andalucía". Lamenta que la legislación que se propone es "muy laxa" y considera que a estas alturas "existe el riesgo de poder crear paraísos legislativos", por lo que se muestra dispuesto a "homogeneizar, pero sobre arriba, no por abajo".

Cree dicha ley "alarmante y preocupante", puesto que "surge sin ningún consenso y desde la imposición" y recuerda que esa opinión "no es solo de la Junta de Andalucía sino es compartida por otros gobiernos como Canarias o País Vasco". Gómez, que aplaude el recurso del Gobierno autonómico, considera que la ley estatal es "una interferencia de competencias e incumplimiento del Estatuto de Autonomía".

El diputado de IU Ignacio García, quien también apoya el recurso de inconstitucionalidad y anima a presentarlo, lamenta que esta ley estatal "altera las funciones de supervisión y plantea la vuelta a un escenario que creíamos superado, como es un escenario preautonómico".

Reconoce que existen "problemas derivados de la complejidad territorial", pero considera que esa ley "requiere de negociación, consenso y reflexión" y García echa en falta "voluntad política clara para facilitar ese diálogo y buscar soluciones comunes".