La Fiscalía se ha opuesto a la entrega del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas,  a Argentina por un delito de torturas durante el franquismo durante la vista de extradición que se celebra en la Audiencia Nacional, pero ha animado a los denunciantes a pedir una investigación en España.

El exguardia civil, por su parte, se ha negado a ser extraditado por presuntas torturas. Muñecas ha respondido a tan solo dos preguntas de la Fiscalía y su defensa en la vista ante la sección tercera, al comienzo de la cual su abogado se ha opuesto a que sea filmado por "razones de seguridad", petición que ha rechazado el presidente del tribunal, Alfonso Guevara.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos solo ha hecho una pregunta al ex guardia civil de 77 años, en el sentido de si tiene alguna relación con el Estado argentino, a lo que ha respondido que no, y su abogado le ha preguntado si se ratifica en sus declaraciones anteriores ante el juzgado de instrucción, a lo que ha contestado que sí.

La jueza argentina María Servini pidió su entrega por las acusaciones contra él de torturar en los años 60 a Andoni Arrizabalaga durante el tiempo en el que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarauz (Guipúzcoa).

La petición de extradición partió de la Cordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que representa a más de 100 asociaciones. La coordinadora está convencida de que la Audiencia desestimará su extradición. "Lo que queremos es poner en evidencia la impunidad del franquismo dentro de este país. Que quede patente que no pueden salir de españa porque fuera son criminales buscados de la justicia, mientras aquí se les protege", explica un portavoz.

Durante la vista, el fiscal se ha opuesto a que se le extradite al país sudamericano porque considera que los hechos están prescritos, pero ha insistido en que la jurisdicción española sería competente para juzgarle. Martínez Torrijos ha planteado que se proponga al Estado argentino que presente una denuncia para que el capitán sea juzgado por la jurisdicción española, en cuyo caso ha considerado que el expediente se debería enviar al juzgado decano de Azpeitia (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos.

Ello posibilitaría, ha dicho, que las víctimas tuvieran un proceso en España y fueran oídas ante un tribunal español por unos hechos cometidos en la dictadura, con lo que se podría "satisfacer los deseos de justicia que les ha llevado a presentar la querella en el Estado argentino".

Nada más comenzar su exposición, el abogado de Muñecas ha afirmado que su defendido ha sido imputado "por unos hechos que a día de hoy desconoce si ni siquiera pudieron llegar a existir" y que tiene la "seguridad absoluta de que nunca ha participado en hechos como los que se relatan en la demanda extradicional".

En el expediente, ha argumentado, no hay ninguna declaración o informe médico que avale las torturas a Andoni Arrizabalaga, y además resulta "imposible" que la víctima haya ratificado sus lesiones en Argentina porque falleció en 1984.

"Es evidente señoría que estamos aquí ante un caso de fraude", ha sostenido el letrado, ya que ha considerado que el propósito de los querellantes es "fraudulento" porque Argentina no ha tipificado en su ordenamiento los delitos de justicia universal, incluido el de torturas.

A la vista, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim, han acudido algunas víctimas del franquismo y una veintena de ellas se han concentrado junto al tribunal con banderas republicanas y pancartas de "Hay que extraditar a los torturadores" y "Hay que juzgar al franquismo criminal".

La abogada de las víctimas, Ana Messuti, ha valorado en declaraciones a los medios que el fiscal haya abierto la puerta a que se investiguen los hechos en España, siguiendo el principio de derecho internacional de "o lo entregas, o lo juzgas". "Por lo menos se ha reconocido esa vía", ha dicho.

Muñecas fue condenado a cinco años de cárcel por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981 y se encontraba entre los asistentes a la comida organizada el pasado febrero, en el último aniversario del golpe, en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro por el teniente coronel Antonio Tejero, hijo del golpista, que fue destituido por estos hechos.

La extradición de Muñecas y del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño (cuya vista de extradición se celebrará el 10 de abril) la pidió la juez Servini tras admitir una querella por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores (lo que aludiría a la trama de los bebés robados) durante la época franquista.