La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz Ferrán, al que acusa de integración en grupo criminal

  • También acusa al expresidente de la CEOE de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento y blanqueo de capitales.
  • En el marco de la investigación sobre el vaciamiento patrimonial de Marsans.
  • El Ministerio Público solicita 8 años para Ángel de Cabo.
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al inicio del juicio en la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al inicio del juicio en la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de dos años y cuatro meses de prisión.
Juan Carlos Hidalgo / EFE
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al inicio del juicio en la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001, hechos por los que la Fiscalía pide una pena de dos años y cuatro meses de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al que acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.

El Ministerio Público solicita, además, 8 años para el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento, y 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.

El fiscal Daniel Campos acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras 7 personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de 9 personas en diciembre de 2012, en el marco de una 'operación Crucero', que se inició a raíz de tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.

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