El actual portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ángel González, se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional de última palabra en el juicio que se celebra contra él en Oviedo por prevaricación administrativa. Ha aprovechado para insistir en su inocencia y ha dicho que toda la acusación del fiscal se base en las "declaraciones falsas" de una funcionaria.

El Ministerio Fiscal pide para González siete años de inhabilitación especial, lo que implicaría que tendría que dejar su escaño en el Parlamento asturiano, por la tramitación y ejecución de contratos menores para la compra de unos monolitos relacionados de las víctimas de la Guerra Civil en 2010, cuando González era viceconsejero de Bienestar Social. También pide la misma pena para el que era su secretario general técnico, Roberto Moro, como cooperador.

En la jornada de este miércoles, las partes han presentado al tribunal sus informes tras las jornadas en la que se ha celebrado el juicio. La defensa pide la absolución e incluso la nulidad de las actuaciones.