El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha propuesto este miércoles la creación de "bancos de agua y energía", —como los ya existentes de alimentos—, para que las empresas públicas y privadas contribuyan a la "solidaridad" con aquellas familias que tienen problemas para hacer frente a los recibos de la luz y el agua.

Así lo ha indicado Valderas durante su intervención en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta oral formulada por la diputada del PP-A, Carolina González Vigo en relación con el decreto-ley de suministros mínimos vitales comprometido por el vicepresidente de la Junta antes de que finalice el presente año.

Tras garantizar que dicho decreto-ley tendrá un presupuesto superior a los 20 millones, Valderas ha señalado que antes de que éste vea la luz, se aprobará un nuevo decreto de inclusión social, antes del 1 de mayo, en el que se recogerá una respuesta "transitoria" a este problema, con una cantidad que oscilará entre los cinco y diez millones.

Valderas, que ha indicado que la previsión es que el decreto-ley de suministros mínimos vitales entre en vigor antes de la nueva temporada de invierno, ha explicado que dicha normativa también será "transitoria" porque será sustituida por la renta básica, en estos momentos en estudio por parte de un grupo de trabajo en el Parlamento.

Asimismo, ha dicho esperar que los 'populares' andaluces dejen de "tergiversar" sobre esta nueva norma, que responde a una necesidad "urgente" de las familias andaluzas, y se pongan a trabajar "codo con codo" con la administración para su puesta en marcha. "Pónganse a la vanguardia y no en la crítica", ha añadido.

Por su parte, Carolina González Vigo ha considerado que el titular que dio el vicepresidente el pasado 14 de noviembre sobre que la Junta pagaría la luz y el agua a los beneficiarios del salario social ha quedado "frustrado". "Frustrado porque el propio PSOE le ha restado importancia, asegurando que no hay datos ni certezas, y frustrado porque el consejero Sánchez Maldonado lo ha tildado de beneficencia", ha añadido.

Según la diputada del PP andaluz, han pasado ya ocho meses desde que el vicepresidente de la Junta habló por primera vez de esta normativa, "sin que hasta el momento se sepa cuándo se aprobará, a quien afectará, ni nada de esos 20 famosos millones que parece que han quedado reducidos a entre cinco y diez".