Cáritas Aragón ha manifestado que la reforma de la ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), ahora en tramitación parlamentaria, es un "retroceso" en el desarrollo de los servicios sociales de la Comunidad autónoma y ha lamentado que el acceso a esta prestación "continúa siendo, por la vía de los hechos, una interminable carrera de obstáculos para sus solicitantes, especialmente desde el comienzo de la crisis".

Esta organización ha informado en una nota de prensa de que en septiembre de 2013 presentó al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) un informe con las modificaciones que, a su juicio, debía contemplar el anteproyecto de ley de reforma del IAI. Posteriormente, dio a conocer a los grupos de las Cortes de Aragón el contenido del mismo.

Ahora, nueve meses después, "comprobamos cómo ninguna de las propuestas de mejora relevantes sugeridas han sido contempladas" en el que ya es proyecto de ley.

A su entender, si el Parlamento aprueba el texto actual, la garantía de los recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr una plena integración social para las personas empobrecidas "dejará de ser un objetivo prioritario y sólo se llevará a cabo cuando los poderes públicos decidan que puede hacerse efectiva su financiación".

Para Cáritas, una prestación económica "fundamental" como es el IAI "ha de ser una prioridad presupuestaria, puesto que cubre las necesidades básicas de los ciudadanos más empobrecidos" y según el Estatuto de Autonomía de Aragón corresponde a los poderes públicos de la Comunidad "la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos por la ley".

Por eso, esta organización ha rechazado una reforma que se hace por "exigencias de contención del déficit", cuando esta prestación "apenas supone el 0,52 por ciento del presupuesto de Aragón para 2014" y "no se ejecuta en su totalidad" puesto que, "según fuentes del propio Ejecutivo, se dejaron sin ejecutar 2,5 millones de euros en 2013, habiendo cientos de personas a la espera de su concesión, tras más de medio año de retraso".

CAMBIOS

Cáritas ha pedido que se modifique el período máximo de percepción del IAI de tres años, cuando el titular cumpla todos los requisitos y haya realizado lo indicado en los acuerdos de inserción, ya que lo contrario "implicaría dejar en desamparo a numerosas personas empobrecidas cuya situación se cronificará gravemente".

Además, ha reivindicado que no se restrinja el acceso al IAI a personas que todavía no han podido acceder al mercado de trabajo y cuyos ingresos son insuficientes para poder atender sus necesidades básicas, así como a jóvenes entre 18 y 25 años.

También ha solicitado que no se limite esta ayuda para personas que llevan menos de dos años ininterrumpidos en Aragón; quienes tengan menos de dos años de residencia legal en España, y quienes sean perceptores de algunas prestaciones económicas "cuya cuantía, en muchos casos, no alcanza ni siquiera el umbral de pobreza severa de 333,65 euros".

Igualmente, ha abogado por que tampoco se impida el acceso al IAI a personas que cursen cualquier fase del sistema educativo o profesional, "máxime cuando, como se indica en la exposición de motivos del proyecto de ley, es ésta una de las causas de exclusión ante la ausencia de empleos".

Niega el efecto llamada

Cáritas ha argumentado que "no se puede justificar esta reforma argumentando que se quiere evitar el efecto llamada" porque en enero de 2014 "solo 5.409 personas eran titulares de IAI, lo que supone una tasa de cobertura de un escaso 7 por ciento de la población aragonesa en situación de pobreza severa".

Ha agregado que el incremento de solicitudes "responde al aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión en Aragón" y la Administración "debe establecer los mecanismos para conocer los casos que defrauden, pero no ser argumento para restringir esta prestación".

Sobre la necesidad de equiparar la norma aragonesa con las de las Comunidades limítrofes, Cáritas ha sostenido que dicha homogenización de requisitos "no es tal, ya que en Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana no se exige periodo previo de residencia legal en España para extranjeros extracomunitarios como sí plantea la reforma en Aragón".

Por otra parte, ha rechazado "algunos de los controles propuestos", respecto a los que ha opinado que "resulta paradójico que una de las prestaciones económicas que cuenta con mayores dispositivos de control, se plantee mejorar su gestión aumentando sus mecanismos de control", con exigencias como la presencia del beneficiario periódicamente en un centro administrativo, algo "excesivo", y también considera "arbitrario" valorar los ingresos "por signos externos".

Más esfuerzo de las entidades sociales

Esta organización ha constatado que la tendencia a la contención del gasto de las prestaciones económicas públicas "lleva aparejado un incremento exponencial de las ayudas económicas de todas las Cáritas aragonesas, además de las de otras organizaciones sociales" y, "año tras año, desde el comienzo de la crisis, se vienen superando máximos históricos en ayudas concedidas" por su entidad, "ante la contención de prestaciones económicas como el IAI".

Por todo esto, ha propuesto al Gobierno aragonés que reconsidere la reforma del IAI, "atendiendo a las propuestas de enmiendas trasladadas a los diferentes grupos políticos, poniendo en las prioridades de sus políticas públicas facilitar el acceso a los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, especialmente a los más pobres y excluidos".

Ha añadido que con esta petición "está en sintonía" con la exhortación apostólica del Papa Francisco de que "las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz".