Compromís ha entregado a la Fiscalía documentación relativa a la multiplicación por siete de la deuda del Puerto de Valencia entre los años 2005 y 2012, la falta de fiscalización de la Fundación Valenciaport, a pesar de tener entre sus patronos a 9 instituciones públicas, así como la indemnización de 1,1 millones de euros dada a la concesionaria de La Escuela de Aprendices a pesar de no desarrollar ninguna actividad, con el fin de que investigue "si de todo ello se pueden deducir actuaciones irregulares" por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Así lo han señalado este miércoles el concejal de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, y el diputado en el Congreso Joan Baldoví en rueda de prensa para informar de estos "puntos oscuros" que ha recogido en un escrito que entregó el pasado 28 de marzo a Fiscalía para que estudie si se cree que debe aportarlos a la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga las posibles irregularidades en la gestión del Puerto de Valencia.

Al respecto, Baldoví ha apuntado que desde que en 2004 accedió a la presidencia de la APV Rafael Aznar, persona "bien relacionada" con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, la deuda se multiplicó por siete. Por ello, ha apuntado que como "artífice" multiplicador por siete esta deuda Rafael Aznar "no se merece ser el responsable" del puerto por esta "mala gestión".

En concreto, ha detallado que, según datos proporcionados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, en 2009 mientras los ingresos eran de 104 millones y la inversión de 152,7 millones la deuda aumentó a 150 millones, y en 2011 con unos ingresos de 33,7 millones y una inversión de 60,9 millones la deuda fe de 74 millones.

Del mismo modo, ha informado de que otros de "estos puntos oscuros" la gesion sobre la Escuela de Aprendices que en 1951 se dio por concesión a Unión Naval Valencia y que se cerró en 1994, sin que tuviera "ninguna actividad hasta el año 200". "Lo normal sería que se si ya no hay actividad en la concesión el edificio volviera a la APV", ha apuntado.

Sin embargo, ha criticado que la Autoridad Portuaria en lugar de reclamar esta conesión concedió 1,1 millones de indemnización a Unió Naval basándose en una tasación realizada además por una empresa externa.

Por último, reclama que se investigue la ausencia de fiscalización de los 17 millones que recibió la Fundación Valenciaport, que se crea justo cuando entre Aznar a la presidencia, a pesar de que "todos los ingresos son públicos" y de que de sus 17 patronos nueve son instituciones públicas.