El alcalde de Xinzo de Limia (Ourense), Antonio Pérez, ha declarado en el juzgado de instrucción comarcal por supuesta prevaricación y ha reconocido como "irregular" el decreto de contratación que firmó para una limpiadora necesaria en un colegio "de un día para otro", hecho que justificó como un caso "de emergencia sanitaria".

El regidor prestó declaración como imputado durante cinco horas, en relación a nueve decretos de contratación firmados en 2012, algunos para personas que llevaban años encadenando contratos temporales en el ayuntamiento, y entre ellas una limpiadora para un centro escolar.

Fuentes jurídicas de la causa confirmaron a Europa Press que el regidor sólo respondió a preguntas de la jueza y de su abogado, y se negó a hacerlo a la representante del sindicato CIG, que ejerce la acusación particular, tras denunciar una veintena de contratos ante la Abogacía del Estado y el juzgado contencioso-administrativo, de los que fueron juzgados 11 y de ellos ya hay sentencia de anulación para nueve, mientras los otros dos están pendientes.

Emergencia sanitaria

En el caso de la limpiadora para un centro escolar, el regidor detalló que no hizo selección de personal porque el concejal de educación le dio el nombre final escogido entre varios currículum y era urgente la contratación porque se jubiló la persona que hacía ese trabajo y se quedaron sin ella de un día para otro.

Antonio Pérez admitió, según fuentes jurídicas, que debió hacer una selección de personal pero se vio obligado a hacerlo así por "emergencia sanitaria" en relación con la limpieza del centro escolar cuyo decreto de contratación fue el sexto de los nueve anulados, hasta ahora, por sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Ourense.

Igual que los demás anulados, lo fue por contar con informes negativos de secretario e interventora municipales al incumplir los requisitos de servicio esencial y urgente pues, según la sentencia, "era un trabajo previsible y necesario de forma continua por lo que no se justifica tampoco la temporalidad de los contratos".

No había informes

El alcalde de Xinzo explicó, en relación a los informes negativos de secretaria e interventora, que no existían en el momento de firmar cuatro de los decretos, aunque el procedimiento administrativo implica que esos informes están "vistos" o leídos.

En este sentido, el regidor denunció al exsecretario y a la exinterventora por cambiar las fechas de esos informes, realizados algunos meses después de los contratos, tal como explicaron ambos en sus declaraciones en el juzgado al denunciar, a su vez, al propio Antonio Pérez, por coacciones antes de precintarles los ordenadores.

Ambos explicaron además, ante la jueza, que en los casos en que los informes no se hicieron antes de los decretos de contratación, sí se advirtió al alcalde, de palabra, sobre la posible ilegalidad de los contratos.

En su declaración, el alcalde negó haber cometido ningún delito y detalló, durante las cinco horas del interrogatorio, los motivos por los que firmó cada uno de los contratos anulados por la vía administrativa, por "desviación de poder", con sentencias y documentación enviados directamente al juzgado de instrucción de Xinzo de Limia al constatar los titulares de los juzgados contencioso-administrativos 1 y 2 de Ourense, indicios penales de "al menos" un delito de prevaricación.

Concejales al juzgado

Pérez ya declaró dos veces como imputado en el juzgado de Xinzo de Limia en 72 horas, pues el viernes acudió como imputado por la denuncia presentada por el exsecretario y la exinterventora municipales por coacciones, en relación con el mismo proceso de contrataciones.

Fuentes de la acusación popular explicaron que tras la declaración del alcalde, presentaron a la jueza la propuesta de que reclame al Ayuntamiento de Xinzo las actas de todas las juntas de gobierno de los años 2009 al 2012 y tome declaración como testigos, a sus integrantes.