El sindicato UGT-A considera que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, está diseñando un plan con comunidades autónomas y agencias privadas de colocación para trazar una ruta personalizada a cada desempleado supone "sustituir los servicios públicos por las empresas privadas", asegura Oskar Martín, secretario de Empleo y Formación de UGT Andalucía.

Martín ha indicado en una nota que "estas empresas además no sólo cobrarán dinero público por sus servicios sino también los propios parados tendrán que pagar por la atención prestada", asegura Oskar Martín, quien critica además que el Gobierno "pretenda criminalizar a los seis millones de desempleados al hablar de reducir el fraude en el cobro de las prestaciones".

Lamenta que "la solución estrella que el Gobierno central tiene en mente para que los más de seis millones de personas paradas encuentren empleo es la colaboración publico privada, es decir, la apuesta por las agencias privadas de colocación", asegura Oskar Martín.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social diseña en estos momentos un plan con las comunidades autónomas y las agencias privadas de colocación, que según manifiestan, "guiará a los parados para que encuentren trabajo y se reduzca el fraude, acaso el Gobierno cree que los parados están sin empleo por gusto", se pregunta Martín.

El titular de Empleo y Formación de UGT-A critica que "para el Gobierno, los servicios públicos de empleo prácticamente solo sirven para gestionar y pagar las prestaciones por desempleo, y además ha manifestado en todas las ocasiones que le han sido propicias, los considera nulos para encontrar empleo a los desempleados, es decir, que encima culpan a los servicios públicos de que la mayor parte de contratos que ofrecen sean temporales cuando, realmente, son las empresas las que imponen esa temporalidad en el empleo".

"Lo que no explica el Gobierno es la letra pequeña de este plan", continúa el líder sindical, quien explica que esa letra se centra en que, "para que una agencia privada de colocación atienda a una persona parada, en la mayoría de los casos, esta persona tiene que pagar por esos servicios; es decir, que encima al desempleado le va a costar dinero de su bolsillo".

Agrega que "además estas empresas cobran del Estado una cantidad no solo por emplear a un parado, sino también por atenderlo, y la cantidad dependerá de la mayor o menor empleabilidad que tenga el parado; esto no solo supone hacer del paro un negocio sino que también ocasionará un agravio para aquellas personas paradas que tengan mayores dificultades para encontrar un empleo, como son los parados de larga duración o los mayores de 45 años".

"En cuanto al tema de reducir el fraude, el Gobierno tampoco menciona que las agencias van a recibir otra cantidad de dinero en caso que denuncien a un desempleado, porque supuestamente, esté cometiendo un fraude, siempre que conlleve la sanción o suspensión de la prestación por desempleo", añade.

Según Martín, este plan va unido al recorte presupuestario que los servicios públicos de empleo están sufriendo en los presupuestos generales del Estado, "recorte que este año ha sido de más del 50 por ciento", a favor de las agencias privadas de colocación. "Con todas estas actuaciones del Gobierno de la nación se ve su clara intención de debilitar cada vez más a los Servicios Públicos de Empleo, intención que desde UGT-A rechazamos rotundamente", insiste.

"Cualquier privatización de estos servicios perjudicará gravemente los intereses de los trabajadores desempleados porque convierte la intermediación del mercado de trabajo en un negocio y resta oportunidades de encontrar un empleo a aquellos parados que, por sus circunstancias -mayores de 45 años o larga duración, por ejemplo, cuenten con menor empleabilidad".

Por último, "desde UGT-A criticamos y rechazamos igualmente la gran obsesión que tiene el Gobierno de, según ellos, luchar contra el fraude. Existe una persecución obsesiva hacia los desempleados que estén percibiendo una prestación por desempleo porque parece que son los trabajadores los culpables de estar en el paro", asevera Oskar Martín. "La realidad es que quieren sanear las arcas públicas a costa de la clase trabajadora y han alterado las prioridades: en lugar de luchar contra el desempleo, la prioridad de este Gobierno es reducir el déficit y el gasto público sacrificando a los más débiles", ha añadido.