El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha entregado este lunes al Presidente del Parlamento, Manuel Gracia, el informe de gestión realizada por la Institución en 2013, del que se desprende que el número de quejas nuevas presentadas durante este año asciende a 6.926, lo que supone un 4,3 por ciento menos que el ejercicio anterior. Del total, y exceptuando las quejas presentadas por el mismo tema (886), los asuntos nuevos que han merecido la atención del Defensor suman 6.040 quejas, un incremento del 6,58 por ciento respecto al año anterior. Además, han experimentado una subida las mediaciones (137 en total, lo que supone un 19% por ciento más) y un descenso de las quejas de oficio (152, un menos 38%), debido "a unos criterios más restringidos".

Asimismo, y en rueda de prensa, Maeztu, que ha dicho que este informe "viene marcado por la identidad de dos defensores", también se ha referido a un aumento de sectores de la población, hasta ahora ajenos a las consecuencias de la crisis, que han acudido a la Defensoría denunciando la pérdida de derechos sociales, "principalmente clase media por problemas de poder adquisitivo". De otra parte, también ha apuntado a las "preocupantes consecuencias" de más de un lustro de crisis económica en los colectivos más vulnerables, principalmente los mayores, los menores y las mujeres, así como el "agravamiento" de las situaciones ante la necesidad de vivienda y de prestaciones de los servicios sociales. En total, señala, 7.300 expedientes de esta naturaleza, que supone el 40 por ciento de todas las reclamaciones ciudadanas.

En total, más de 42.500 ciudadanos acudieron a la Oficina del Defensor pidiendo protección ante una vulneración de sus derechos (un 5,5% más que el año anterior), además de 130 colectivos y entidades que han trabajado con la Institución en la denuncia y protección de derechos. Esta demanda de atención ha significado la tramitación de un total de 18.779 actuaciones en defensa y protección de los derechos de la ciudadanía por parte del Defensor, es decir, una media de 1.564 actuaciones al mes. Estos datos se desglosan en 9.624 quejas tramitadas; 8.691 consultas; 461 actividades de promoción de los derechos sociales, y tres informes.

Además, Maeztu ha explicado que de estas 9.624 quejas tramitadas durante 2013, un número que supone que se ha mantenido prácticamente igual que en 2012 (9.631), 6.755 (un 70%) se han cerrado, con el resultado de un 53,5 por ciento admitidas a trámite, lo que significa un porcentaje de admisión del 71,3%, ligeramente superior a 2012 (69,3%). El resto de las quejas se remitieron a otras Defensorías (7,15%); fueron desistidas por los interesados (14,9%) o no fueron admitidas (24,3%).

Por materias concretas, el Defensor señala que su actividad ha estado marcada por la continuidad de las quejas por el retraso y demora de las ayudas a la Dependencia (588 nuevas en 2013) y la denuncia de muchos ciudadanos ante unas cláusulas de suelo de sus hipotecas que consideran abusivas (487 casos), que ha copado buena parte del capítulo de las mediaciones de la Institución. Respecto al tema de Dependencia, el Defensor aboga, entre otros, por "la entrada de nuevos dependientes en el sistema", el establecimiento de una fecha de pago por parte de la Administración de los retrasos de 2013 y más prestaciones de proximidad (la ayuda a domicilio) porque "genera más empleo".

Por otra parte, Maeztu ha calificado de "muy significativo" el número de quejas nuevas sobre la desprotección que sufren los menores (345), a las que habría de sumar las más de 200 denuncias presentadas por desahucios, donde buena parte son familias con niños; o las más de 330 quejas presentadas por el funcionamiento de la Justicia, ante las situaciones de "colapso y graves disfunciones", con las consecuencias que se derivan de no ofrecer una eficaz respuesta a derechos conculcados y de elemento disuasorio para proteger la legalidad.

De este modo, Maeztu afirma que la "necesidad para la supervivencia pasa por garantizar una renta mínima y los suministros esenciales" para la familias más vulnerables, y pide una respuesta "al problema del sobreendeudamiento" con un ley de segunda oportunidad para que "se pueda pagar con plazos más asequibles". Igualmente, la Institución se muestra "muy preocupada" por abordar la problemática de la vivienda ante "el agravamiento de la situación", por lo que apuesta por "un cambio estratégico en las políticas públicas de vivienda". "Donde hay dolor no puede haber más recortes y situaciones de más dolor", asegura.

"hay mucha distancia entre las paredes de un despacho y la calle"

"El Estado de Bienestar debe garantizar la cuestión de mínimos, porque si en tiempos de crisis se mantiene la red mínima, la recuperación se encuentra con un sistema que no se ha roto", defiende Maeztu, quien cuestionado sobre su opinión acerca de la gestión de esta crisis realizada por los políticos, dice que estos "tienen conciencia de la desafección", y afirma que "hay mucha distancia entre las paredes de un despacho y la vida en la calle", es decir, "entre el análisis que se hace de la realidad y la respuesta que se da".

Al respecto, apunta que "es una carga que tienen que ir resolviendo los políticos" porque "el votante es cada vez más consciente, las exigencias son mayores y la situación económica es más grave", por lo que "los instrumentos tienen que ser más ajustados". "Cada vez constato más la necesidad de que haya más puentes entre las administraciones y lo políticos de distintos grupos porque necesitamos consenso en las cosas importantes", afirma Maeztu, toda vez que destaca que "los políticos son necesarios y la política es la que puede cambiar y doblegar a la economía". "La ciudadanía exige un trabajo cada vez más cercano, más real, con medidas mejor pactadas y menos situaciones de desencuentro", concluye.