El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha entregado este lunes al Presidente del Parlamento, Manuel Gracia, el informe de gestión realizada por la Institución en 2013, del que se desprende que el número de quejas nuevas presentadas durante este año asciende a 6.926, lo que supone un 4,3 por ciento menos que el ejercicio anterior. Del total, y exceptuando las quejas presentadas por el mismo tema (886), los asuntos nuevos que han merecido la atención del Defensor suman 6.040 quejas, un incremento del 6,58 por ciento respecto al año anterior. Además, han experimentado una subida las mediaciones (137 en total, lo que supone un 19% por ciento más) y un descenso de las quejas de oficio (152, un menos 38%), debido "a unos criterios más restringidos".

Asimismo, y en rueda de prensa, Maeztu, que ha dicho que este informe "viene marcado por la identidad de dos defensores", también se ha referido a un aumento de sectores de la población, hasta ahora ajenos a las consecuencias de la crisis, que han acudido a la Defensoría denunciando la pérdida de derechos sociales, "principalmente clase media por problemas de poder adquisitivo". De otra parte, también ha apuntado a las "preocupantes consecuencias" de más de un lustro de crisis económica en los colectivos más vulnerables, principalmente los mayores, los menores y las mujeres, así como el "agravamiento" de las situaciones ante la necesidad de vivienda y de prestaciones de los servicios sociales. En total, señala, 7.300 expedientes de esta naturaleza, que supone el 40 por ciento de todas las reclamaciones ciudadanas.

De este modo, Maeztu afirma que la "necesidad para la supervivencia pasa por garantizar una renta mínima y los suministros esenciales" para la familias más vulnerables, y pide una respuesta "al problema del sobreendeudamiento" con un ley de segunda oportunidad para que "se pueda pagar con plazos más asequibles". Igualmente, la Institución se muestra "muy preocupada" por abordar la problemática de la vivienda ante "el agravamiento de la situación", por lo que apuesta por "un cambio estratégico en las políticas públicas de vivienda". "Donde hay dolor no puede haber más recortes y situaciones de más dolor", asegura.