La Policía Nacional ha desarticulado, en el marco de la 'operación Lares', una organización dedicada a tramitar de forma fraudulenta solicitudes de autorización de residencia y trabajo para inmigrantes de origen marroquí en situación irregular, a quienes pedían "desorbitadas" cantidades de dinero. Así, ha detenido en Algeciras (Cádiz) a los siete supuestos integrantes de esta red.

En un comunicado, el Cuerpo Nacional de Policía explica que, en general, los trámites de regularización requieren un requisito esencial como la acreditación de medios de vida por parte del extranjero solicitante. Normalmente, tal circunstancia se justifica con la existencia de un contrato de trabajo y su afiliación y alta en la Tesorería General de la Seguridad Social.

La investigación se inició a mediados de octubre del año pasado, cuando la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz advirtió en algunas solicitudes de Autorizaciones de Residencia y Trabajo su sospecha sobre la veracidad de los datos aportados por parte de los inmigrantes.

Según ha determinado la investigación, el supuesto fraude consistía en formalizar contratos o precontratos de trabajo a nombre de distintos empresarios para la acreditación de los requisitos de residencia ante la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno.

Una vez dictada la resolución concediendo tal autorización el extranjero, en el plazo de un mes, debe ser dado de alta en el régimen de la Seguridad Social.

De todo ello se encargaba, según indica, la principal imputada A.T.B., la cual, a través de su gestoría, realizaba todas las gestiones y tramitaba los contratos ficticios a cambio de cantidades que oscilaban entre los 500 y 1.000 euros. Para ello, se crearon sociedades y empresas aparentemente ficticias y dedicadas, según su razón social, a la prestación de distintos servicios.

Para terminar de consumar el fraude, y para que al extranjero le fuese entregada finalmente la tarjeta de identificación de extranjero, debía ser dado de alta en el régimen de la Seguridad Social. Esta organización necesitaba, principalmente, de un abogado o gestor y un certificado electrónico para poder dar de alta o baja a trabajadores, vía telemática.

Según manifestaciones de varios testigos, cuando recibían la resolución concediendo la autorización, los principales detenidos les pedían entre 200 y 300 euros más en concepto de pago de cuotas a la Seguridad Social pero, los detenidos, a pesar de recibir dicho pago, no satisfacían las cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social a tenor de la abultada deuda que acumulan las sociedades que crearon para tal fin.

Señala la Policía que una ciudadana marroquí declaró que se había visto obligada a ejercer la prostitución para poder sufragar los constantes pagos que supuestamente tenía que efectuar a los ahora detenidos para la obtención de su residencia y por los pagos de las cuotas a la Seguridad Social.

Finalmente, señala que la operación continúa abierta a la espera de que se analice la información existente en el material intervenido, por lo que no se descartan nuevas detenciones.