La diputada y portavoz parlamentaria del PP-A, Rosario Soto, ha acusado este lunes a la Junta de Andalucía de modificar "de forma irregular" la orden de 9 de noviembre de 2005 por la que se regula el funcionamiento de los centros de protección de menores de la comunidad utilizando un correo electrónico en lugar del Boletín Oficial de la Administración autonómica (BOJA) como sería preceptivo, por lo que advierte de que estamos ante un "acto nulo de pleno derecho" que, además, ha provocado ya en lo que va de año el cierre de diez de las 256 casas de acogida que existen en la comunidad.

En rueda de prensa, Soto ha explicado que, a finales de 2013, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales envió un email a los centros de menores con unas "nuevas directrices" a seguir que, en la práctica, suponen una "nueva orden" sobre el funcionamiento de estas casas de acogida pero que "nunca" se ha publicado en el BOJA para que "no se enterase nadie" de los "recortes" que implican esta nueva forma de organizar los centros.

De hecho, la 'popular' ha asegurado que, desde que a principios de 2014 se están aplicando estas "directrices", ya se han cerrado en Andalucía un total de diez centros de protección a la infancia debido a medidas como la disminución del número de trabajadores por niños y el aumento del número de niños en las casas de acogida —lo que es una "vuelta a los antiguos horfanatos", ha dicho— o con el descenso en la categoría laboral de los empleados, "que pasan a ser auxiliares", algo que ha atribuido directamente a las políticas con las que "el bipartito está maltratando a la infancia más desamparada".

Ante ello, Soto ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular defenderá en el próximo Pleno de la Cámara andaluza una moción para instar a la Junta a aplicar exclusivamente las medidas contempladas en la orden de 9 de noviembre de 2005, a no hacer más recortes en el Presupuesto de 2015 en todos los programas referidos a la protección de la infancia dado que en los dos últimos años estos han sufrido un "recorte" general de 35 millones de euros, y a poner en marcha "con carácter de urgencia" el decreto ley contra la exclusión social.

Sobre este decreto ley, y en concreto sobre el programa de solidaridad alimentaria, la dirigente 'popular' ha criticado los "vaivenes de declaraciones" que ha realizado en los últimos días la consejera del ramo María José Sánchez Rubio y ha avanzado que, en la moción, pedirán que este programa sea asumido directamente por los Ayuntamientos de la comunidad para que sean ellos quienes distribuyan las ayudas económicas teniendo como prioridades las familias con niños menores de tres años o en edad escolar.

Principalmente, según ha añadido, porque la actual medida de dar a los niños más desfavorecidos la merienda y la cena en el colegio los "estigmatiza de por vida". Soto ha instado a IULV-CA a apoyar esta moción de los 'populares' pero no "como un paripé de cara a las europeas sino creyendo en lo que hacen".