El PP propondrá, en el pleno de este martes del Parlament, una modificación en la proposición no de ley presentada por MÉS, con el objetivo de que la Cámara apruebe instar al Gobierno central a estudiar la posibilidad de introducir modificaciones en la actual legislación sobre el indulto.

Después de que MÉS defienda instar al Ejecutivo central para denegar el indulto al expresidente del Govern, Jaume Matas, la portavoz del PP en el Parlament, Mabel Cabrer, ha explicado que la figura del indulto está en la Constitución y, por tanto, es un "legítimo derecho" y "no se puede quitar fácilmente".

La 'popular' ha señalado que los indultos son revisables ante el Tribunal Supremo. Por ello, "visto que hay una jurisprudencia", el PP planteará que el Gobierno valore esta jurisprudencia y, posteriormente, estudie la conveniencia de introducir cambios en la legislación sobre el indulto.

Confían en acercar posturas con la oposición

Cabrer ha considerado que pueden "acercar posturas" sobre esta materia con los partidos de la oposición y ha remarcado que los cambios que plantean afectarían a todos los delitos, y no únicamente a los de corrupción política.

La portavoz ha indicado que, para conceder o no el indulto, el Gobierno debe pedir antes unos informes y tras la valoración de éstos, lo aprueba o no atendiendo a los criterios de justicia, equidad e interés público. No obstante, con el tráfico de influencias "es difícil que haya estas razones".

Moción sobre el modelo económico

Por otro lado, Cabrer ha apuntado que en la sesión de este martes también se debatirá una moción de MÉS sobre el modelo económico y ha explicado que su formación presentará una alternativa "para instar al Govern a que continúe trabajando desde el diálogo" puesto que, según los 'populares', "el camino no es hacer una ponencia en el Parlament".

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha explicado una PNL que defenderán en el pleno de este martes con el objetivo de instar al Gobierno central a que realice los trámites que sean necesarios para volver a instaurar la tarjeta de residencia para los ciudadanos europeos.

Además, ha destacado la necesidad de instar a la Delegación del Gobierno y al Gobierno central a realizar las modificaciones oportunas para que la obtención de la residencia para ciudadanos comunitarios sea un proceso ágil y sencillo.

Prohens ha señalado que hay más de 200.000 personas de la UE que se calcula que viven en Baleares de manera permanente, por lo que se trata de "un número lo suficientemente importante" para que se encuentren en esta "situación de alegalidad" al no tener "acreditada" su residencia.

Asimismo, ha añadido que si estas personas se contabilizan como población real, se tendrían en cuenta a la hora de las reclamaciones que lleve a cabo el Govern ante otras administraciones.