La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha propuesto la eliminación de 1.090.102 expedientes judiciales "antiguos" en toda Andalucía, guardados en un total de 19.538 cajas, con el objetivo de "liberar" espacios de los archivos de los juzgados y tribunales andaluces. Este acuerdo lo trasladará a la Junta de Expurgo, de la que forman parte el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la destrucción selectiva de la documentación "carente de valor" de los órganos judiciales de la Comunidad.

Según ha informado la Junta en una nota, se pretende así seguir avanzando en el proyecto de eliminación de documentación judicial "antigua y sin utilidad", de tal forma que, con esta nueva acción, se superarán los 2,3 millones de expedientes judiciales destruidos en Andalucía, contenidos en un total de 48.804 cajas. La primera destrucción "masiva" de esta documentación judicial "sin valor", que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90, se inició en 2012 en una primera fase en seis provincias y posteriormente se ha extendido al resto de Andalucía.

"El volumen de la documentación judicial en Andalucía carente de valor que va a ser destruida es de tal magnitud que alcanzaría una longitud que se aproximaría a los 400 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen esos documentos", ha explicado la Consejería de Justicia e Interior.

El objetivo fundamental de esta iniciativa, según la Junta, es "liberar" espacio en los archivos y tribunales, así como "profundizar" en el proyecto de modernización que viene impulsando el Ejecutivo andaluz para "potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el proceso de impulso de una justicia digital y sin papeles". De esta forma, "se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente".

Este proyecto se encardina también en la definición de un modelo "único" de tratamiento y gestión documental, que "haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico". En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto 'JARA', implantado por la Junta en Sevilla y que se ampliará al resto de Andalucía para gestionar los archivos de documentación judicial.

Esta eliminación de expedientes judiciales "antiguos" es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

Criterios de selección

En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha indicado que uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

El TSJA ha valorado la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve "la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz". La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma "decidida" con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.