El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una cuestión para respuesta escrita, dirigida al Consejo de Gobierno y en la que pregunta al Ejecutivo autonómico por su valoración y los motivos por los que se ha iniciado el proceso de escolarización en los colegios públicos andaluces sin el apoyo de los monitores administrativos.

De hecho, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ya alertaba a Europa Press de la existencia de un 30 por ciento de centros que, casi un mes después de haber empezado el proceso, continuaban sin efectivos para llevar a cabo las labores de auxiliar administrativo que los colegios precisan durante este periodo, pese al Plan de Choque iniciado por la Junta en este sentido, el cual, por otro lado, ha provocado las movilizaciones de un sector de 840 trabajadores afectados al asumirse por medio de una oferta de empleo público sus funciones.

Blanco ha indicado que el plan de la administración autonómica ha supuesto la creación de empleo "precario" y la generación de "discriminación" entre centros educativos, habiéndose dado algunos casos de personas llamadas a trabajar que no contaban con la titulación necesaria y, por tanto, no han podido permanecer en el puesto.

Aunque este último punto no es generalizado y se trata de una cuestión "subsanable", Blanco sí ha aludido, como consecuencia del proceso acometido, a las "dificultades" de muchos trabajadores para cumplimentar una jornada en centros para los cuales tienen que recorrer grandes distancias, lo que ha derivado en renuncias y en la existencia de un porcentaje "muy alto" de centros que no disponen de estos efectivos.

Los monitores, por otro lado, entregaron a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que ostenta Susana Díaz, una proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento andaluz y que pasa por buscar una solución para el conflicto de estos trabajadores.

En el manifiesto que acompañaba a la PNL, consultado por Europa Press, recuerdan haber aguantado una situación de "esclavitud", tratándose en su mayoría de mujeres con cargas familiares. Es, añaden, "un colectivo que ha demostrado una profesionalidad excelente, avalada por equipos directivos, querido en todas y cada una de las comunidades educativas que conforman los mil y pico de centros a los que pertenecíamos, y admirado por su capacidad de entrega y lucha".

Así, recalcan que no van a "rendirse" hasta obtener "un compromiso firme de la administración, y por lo que de justicia nos corresponde". Culminan apelando a Díaz como presidenta y mujer, señalando que "confiamos en ambas, en su capacidad y persona, para que sepa valorar y dar una respuesta mediata y real a este colectivo".