El Gobierno andaluz ha remitido al ha remitido al Ministerio de Justicia un informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embazada en el que reclama la retirada del texto porque es "brutal, antiguo" y limitador de los derechos de las mujeres, al tiempo que genera inseguridad jurídica para los profesionales sanitarios.

Dicho informe, que fue remitido ayer al ministerio y que ha sido presentado este sábado en rueda de prensa en Sevilla por los consejeros andaluces de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, recoge, por un lado, argumentaciones basadas en el ordenamiento jurídico sobre los derechos de la mujer que quedan vulnerados y coloca a los profesionales en una situación de inseguridad jurídica, así como aspectos técnicos en el ámbito de la salud pública que explican el peligro que la aplicación de la nueva norma supondría para la salud de la embarazada.

Asimismo, se hace mención, según ha explicado Emilio de Llera, a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1985 que mantiene como tesis que un embrión o feto no puede "tener la consideración de persona porque ni tiene vida autónoma ni vive desprendido del seno materno".

Así, lo ha expresado el consejero, apuntando que esa es la tesis que mantiene el Tribunal Constitucional, que en esencia señala que persona es una "persona viva", con independencia del seno materno. "Consiguientemente, el embrión o feto no puede tener la consideración de persona, porque ni tiene vida autónoma ni vive desprendido del seno materno".

Este es uno de los argumentos jurídicos que ha llevado a la Junta a mantener una posición contraria al texto planteado por el Gobierno del PP —que tiene por objeto sustituir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo actualmente en vigor—, así como el hecho de que supone vulneración del artículo 16 de la Constitución Española, donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los ciudadanos. Según Emilio de Llera, lo que pretende la reforma del Ejecutivo nacional es "identificar pecado y delito" y equiparar la moral de unos cuentos con el derecho objetivo que tienen todos los ciudadanos.

Ha mostrado su preocupación por que con esta reforma del aborto se impida a ciudadanos, en este caso las mujeres, decidir con libertad sobre las cuestiones más esenciales de su vida, entre ellas la de ser o no ser madre. "No es justificable constitucionalmente que la libertad a decidir de la mujer sea una excepción, sino que tiene que ser la regla general", según ha expresado el consejero, para quien eso sería un "modo de violencia de género".

Por ello, ha considerado que la reforma del Gobierno del PP debe ser retirada "por brutal, antigua y por ser limitadora de los derechos de la mujer". Ha señalado que se teme que el Ejecutivo nacional va a meter en "el cajón" este informe que le ha remitido la Junta, que está dispuesta a recurrir la reforma en el Tribunal Constitucional una vez que sea ley si se mantiene en sus actuales términos.

De Llera ha manifestado que el texto vulnera el derecho "a la autodeterminación, a tomar las decisiones más importantes de su vida, entre los que se halla el derecho a ser madre". Es por ello que desde el Gobierno andaluz se defiende el mantenimiento de la actual Ley, que fue aprobada en 2010, que "confiere una mayor seguridad jurídica y respeta la libertad de las mujeres" según ha señalado el consejero, quien ha insistido en que "las restricciones excesivas a la libertad de la mujer resultan prácticamente imposibles de justificar constitucionalmente".

Por su parte, Sánchez Rubio ha indicado que la reforma planteada "nos retrotrae a un sistema de supuestos, que nos devuelve a la España de hace más de 30 años en los que la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho". La Junta entiende que incurre en una infracción de derechos garantizados en la Constitución Española, "concretamente el derecho a la integridad física y moral de la mujer, a su intimidad, dignidad", a la vez que vulnera el principio de "igualdad y no discriminación".

Este informe incluye la solicitud de retirada del anteproyecto por cuanto pretende "instaurar un modelo que se desentiende de la necesaria seguridad jurídica de los ciudadanos".

Según ha expuesto la consejera, en el informe se recoge, como una de las conclusiones, que, llegado el caso de la aprobación definitiva del actual anteproyecto sin modificaciones, se pondría en riesgo la salud de la mujer y eliminaría su derecho a decidir, a su autodeterminación.

No disminuiría el número de abortos

Asimismo, según ha añadido, supondría la no disminución del número de abortos, sino más bien lo contrario, un incremento de los mismos; generaría un aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo inseguras, con repercusiones que pueden llegar a ser graves para la salud de la mujer; y se traduciría en un incremento del número de recién nacidos con enfermedades congénitas graves y limitantes.

La Junta entiende que a ello se sumaría, además, una discriminación en función de los recursos económicos, en tanto se perjudicaría a las mujeres en situación más desfavorecida y que, por tanto, son las que sufrirían más las consecuencias (aumento del número de hijos provenientes de embarazos no deseados, abortos inseguros, aumento de hijos e hijas con enfermedad congénita grave). "Una vuelta a la situación de inseguridad jurídica para los profesionales, que puede llevar a que se retraigan muchos de ellos a la hora de hacer informes", según la consejera, para quien el sistema de plazos, sin embargo, ofrece mucha más seguridad jurídica.

Otra de las conclusiones se refiere a la complejidad del proceso, lo que retrasaría la IVE y obligaría a abortos tardíos que son menos seguros que los precoces. El informe apunta también que la única forma efectiva de reducir los abortos es una mayor educación afectivo-sexual y un mejor y más fácil acceso a los métodos anticonceptivos y estos aspectos, perfectamente definidos en la normativa actual y que no aparecen en el anteproyecto aprobado.

Según el informe, el texto del Gobierno del PPvulnera la dignidad de la mujer, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Se añade que vulnera el derecho a la autodeterminación libre, consciente y responsable de la mujer sobre su propia e íntima maternidad y sobre su integridad física y moral, por lo que constituye "una alteración del disfrute de los derechos fundamentales de la mujer y constitucionalmente garantizados en el ámbito de su libertad y de autodeterminación personal".

Así lo ha señalado Sánchez Rubio, quien ha recordado, además, que la nueva normativa "supone un serio riesgo para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y abre la puerta a que los profesionales de la salud vuelvan a padecer una situación de inseguridad jurídica.

La consejera ha señalado, en referencia a las argumentaciones remitidas al Ministerio en el ámbito de la salud pública, que el nuevo texto normativo sitúa la interrupción voluntaria del embarazo en un marco de seguridad dudoso en tanto "existe evidencia de que las legislaciones restrictivas como la que se plantea no evitan el aborto, sino que provocan un incremento de los abortos inseguros".

Ha apuntado que de aprobarse la reforma del Gobierno del PP, más del 93 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazos que se realizan actualmente en Andalucía y más del 91 por ciento de las que se hacen en España se producirían bien fuera del país o se harían de forma insegura.