Madrid, seguida de Cataluña, son las comunidades autónomas en las que la sanidad tiene un mayor grado de privatización, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha, después, presentan el nivel más bajo. Así se desprende de un estudio realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho público este viernes, que señala que los fenómenos de privatización, "un hecho que viene de antiguo", han tenido una intensidad variable según las CC AA, atendiendo tanto al partido político en el gobierno como a otras circunstancias.

No obstante, el proceso privatizador se profundizó y diversificó" a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se ha acentuado en los últimos años", señala el informe.

Para realizar el estudio se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma.

De acuerdo a estos criterios, se ha puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 15,58 puntos (rango entre 9 y 23), sobre un máximo de 25 puntos posibles.

Los datos corresponden fundamentalmente a 2012 y algunos a 2013 por lo que, según los autores, "previsiblemente, se habrán modificado a peor en la mayoría de las comunidades".

Además, no se evalúa el impacto de los últimos recortes presupuestarios y del Real Decreto Ley de medidas urgentes de sostenibilidad del sistema sanitario.

El estudio constata "una gran desigualdad" entre las comunidades (la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 2,55), "lo que es una barbaridad y evidencia diferencias excesivas", que ponen de relieve "una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud".

Alguno de los datos analizados (gasto de bolsillo en sanidad) está sobre todo relacionado con la riqueza de las comunidades porque identifica el gasto en prestaciones no cubiertas por la sanidad pública, como por ejemplo la odontología.

La FADSP ha resaltado que "como siempre, la gran limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las comunidades", lo que, a su juicio, "es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos".

El informe precisa que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por la presencia del modelo MUFACE (mutualidad de funcionarios) "que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados".

Pero también, según los autores, "porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc), con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos".