El pasado mes de enero, la Junta de Castilla-La Mancha reconoció a Jomián Leonel, un niño de 13 años con una severa parálisis cerebral, una grave escoliosis y un solo pulmón, el máximo grado de dependencia. El gobierno regional le asignó a la familia una ayuda con la que debían pagar por adelantado los gastos de los cuidados de Jomián y después justificarlos para recuperar un máximo de 387 euros.

En la tarde del miércoles Jomián falleció en la localidad albaceteña de Hellín mientras su madre trabajaba en el pantano de Alarcón, en Cuenca, a dos horas del domicilio familiar, según ha informado la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.

Por su grave discapacidad, Jomián requería atención constante, alimentación por botón gástrico, y asistencia de fisioterapeutas. También padecía problemas respiratorios, ya que solo tenía un pulmón que estaba dañado por la escoliosis. Yulisa Ramírez, la madre del menor, cubría los gastos de Jomián y sus otros tres hijos con un sueldo mensual de 640 euros, según recoge el diario El Porvenir.

José Luis Gómez Ocaña, presidente de la Plataforma de la Ley de Dependencia, considera contradictorio que se conceda este tipo de ayuda a una persona con el grado de dependencia de Jomián. Gómez Ocaña cuenta a 20minutos que la Junta justificó la decisión de ofrecer solo una "prestación preventiva" alegando que así se aseguraban que el dinero iba a la persona dependiente. "Venían a decir que no se fiaban de que la madre usara el dinero para los cuidados de su hijo", afirma.

Desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha aclaran que la ayuda concedida a Jomián es una “prestación económica vinculada a servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal” y que está orientada a los servicios sanitarios no cubiertos por el sistema público de saludo. Señalan además que esos 387 euros suponen la cuantía máxima de este tipo de prestación y que la justificación de gastos pretende que ese dinero se dedique a las personas dependientes.

La Consejería reconoce que existe otro tipo de prestación “para cuidados en el entorno familiar” en la que el dinero se da “a fondo perdido”. Añaden que el anterior gobierno regional dictó una instrucción que obligaba a los familiares de los dependientes a justificar en qué se gastaba la ayuda y que el actual gobierno la derogó, aunque este tipo de ayuda se mantiene.

Gómez Ocaña explica que antes de conceder prestaciones, la Junta realiza una evaluación para evaluar la dependencia de la persona. Una vez reconoce el grado de dependencia, se decide la cuantía y las condiciones la ayuda. Según el presidente de la plataforma, la Junta reconoció el grado más alto de dependencia, pero solo le ofreció la prestación de servicios de prevención.

La plataforma lleva varias semanas denunciando el caso e incluso presentó dos recursos contra la resolución de la Junta. Dicen que existían errores formales importantes en el escrito del gobierno regional: por ejemplo, la prestación estaba concedida con fecha del 3 de enero, pero la situación de dependencia se reconocía desde el 21 de enero. Es decir, concedía la ayuda antes de reconocer la incapacidad.

La Consejería de Sanidad señala que la Junta mantiene una relación "fluida y fructífera" con el CERMI regional, que representa al sector de las personas dependientes. Además, asegura que el Tribunal de Cuentas refleja que Castilla-La Mancha está "entre las comunidades autónomas que pagan con mayor rigurosidad, periodicidad y en menor tiempo todas sus prestaciones para dependientes".

La Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha lleva más de tres años constituida y ha protestado en numerosas ocasiones por los problemas de las personas dependientes en la región. Según Gómez Ocaña, hay importantes retrasos en los pagos y se están revisando prestaciones a la baja. Aseguran que a principios de este mes, el Gobierno regional acumulaba dos meses de impagos a los dependientes de la región por un importe de casi 15 millones de euros y decían que estaban dando lugar a "verdaderas situaciones de angustia y problemas".

El PSOE de la región denunció este jueves que en 2013 murieron un total de 3.500 dependientes esperando recibir una prestación económica, una ayuda o un servicio de la Junta. Además, aseguraban que a finales de febrero más de 12.600 beneficiarios de estas ayudas habían quedado fuera del sistema, que cada día 8 familias pierden las ayudas, que 5.000 personas estaban pendientes de ser valoradas y que 9.000 cuidadores han dejado de cotizar en la seguridad social".