CyL elevará a rango de ley el mantenimiento de las competencias en los municipios y clarifica la norma estatal

La Junta de Castilla y León ha decidido elevar a rango de ley el mantenimiento de las competencias de los municipios de la Comunidad Autónoma a través de un decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.
El consejero de la Presidencia
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JCYL
El consejero de la Presidencia

La Junta de Castilla y León ha decidido elevar a rango de ley el mantenimiento de las competencias de los municipios de la Comunidad Autónoma a través de un decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.

Además, este decreto-ley, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el próximo lunes, 31 de marzo, tiene como principal objetivo evitar "resultados indeseables" o disfunciones en la prestación de servicios públicos, con la correspondiente repercusión en los ciudadanos, evitar vacíos competenciales, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y asegurar que no se incrementa el coste para las administraciones.

Así lo ha explicado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien, tras aclarar que este decreto-ley no es una alternativa al recurso de inconstitucional planteado por otros ayuntamientos e, incluso, gobiernos autonómicos, ha reivindicado la conveniencia de esta "medida urgente" ante el "ruido y mucha farfolla" que se ha producido en torno a la aplicación efectiva de la Reforma Local, en lo que ha llegado a calificar como el "espectáculo de la confusión".

"Las leyes es bueno leerlas, ganan mucho cuando se leen", ha ironizado el consejero de la Presidencia, quien ha explicado también que el decreto-ley de la Junta, que se tendrá que convalidar en las Cortes en el próximo mes, lo que asegura de nuevo el debate parlamentario sobre este asunto, está basado en una lectura "constitucional, estatutaria y municipalista" de la Reforma Local del Gobierno, a diferencia de lo que mantienen "otros" en un planteamiento "equivocado".

En una "lección de Derecho", como ha calificado el propio portavoz, De Santiago-Juárez ha rechazado en diversas ocasiones que la norma estatal que entró en vigor el pasado 1 de enero vacíe de competencias a los municipios ya que "la clave" está en que la Reforma Local del Gobierno garantiza unos "mínimos competenciales" y no unos máximos, que sí hubiese sido inconstitucional.

El decreto-ley está estructurado en cinco artículos en los que se regulan las competencias de los municipios de Castilla y León y que contemplan, no sólo esos "mínimos" que regula la Reforma Local del Gobierno, sino las competencias atribuidas por otras leyes sectoriales del Estado, como es el caso de la Dependencia, y las conocidas como "competencias impropias" reguladas por las leyes autonómicas.

El portavoz ha explicado que la nueva legislación de la Junta recoge el requisito del Gobierno para los casos en los que las entidades locales pretendan desarrollar competencias complementarias, las que no son propias ni delegadas, en los que será necesario un informe que acredite la inexistencia de duplicidades y que será emitido por la Consejería de la Presidencia, y un segundo informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda local que será emitido en este caso por el departamento de Hacienda.

De Santiago-Juárez ha recordado en este punto la competencia financiera que tiene la Junta de Castilla y León —sólo seis autonomías tienen reconocida esta prerrogativa en sus estatutos— lo que da carácter "vinculante" a ese informe. "Cómo se puede decir que se vacía de contenido a los municipios", se ha preguntado a este respecto.

Garantía de pago de la junta

El decreto-ley establece también cómo debe realizarse la adaptación antes del próximo 31 de diciembre de los convenios entre la Junta y los ayuntamientos, los acuerdos y los demás instrumentos de cooperación para esas competencias complementarias que incluirán como novedad una "garantía de pago" por parte del Gobierno autonómico con compromiso de fecha que, de no satisfacerse en tiempo, se quitará de las entregas a cuenta a la Comunidad.

Cuando una consejería quiera adaptar los convenios de delegación de competencias también habrá que contar con el visto bueno del Departamento de Hacienda.

La norma dedica un artículo a las competencias en materia de educación, salud y servicios sociales que, en el caso de las previas a la entrada en vigor de la Reforma Local, se mantendrán en los actuales términos hasta que sean asumidas por parte de la Comunidad, para lo que habrá que modificar antes los modelos de financiación autonómica y local.

El resto de competencias en educación, salud y servicios sociales atribuidas a las entidades locales, como el mantenimiento y limpieza de consultorios, seguirán siendo ejercidas por estas, "sin perjuicio de las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales en orden a la coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza de los mismos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de las competencias que corresponden a la Comunidad en orden a la planificación general, prestación y dotación de medios sanitarios en todos ellos".

Este decreto-ley se completará la próxima semana —previsiblemente el próximo miércoles— con una Circular de la Consejería de la Presidencia relativa al sistema competencial y otras cuestiones relacionadas con este asunto que, a diferencia del carácter imperativo de la nueva ley, tendrá carácter "explicativo, aclaratorio y homogeneizador".

El objetivo de la Consejería con esta circular, que ha sido explicada el pasado lunes en el Consejo de Cooperación Local, donde participa la Federación Regional de Municipios y Provincias, es dejar claro a todos los ayuntamientos que las atribuciones de competencias efectuadas a las entidades locales de Castilla y León "siguen plenamente vigentes y su ejercicio sigue estando sometido a aquellas normas de atribución".

De Santiago-Juárez ha asumido al respecto que la Reforma Local del Gobierno necesita "criterios interpretativos" para armonizar y homegeneizar su aplicación desde la premisa, en todo momento, de evitar resultados indeseables o disfunciones, incrementos del coste o vacíos legales y de garantizar el mantenimiento de materias "tan sensibles" como la educación o la sanidad.

"Hay que dar garantía y continuidad a los servicios públicos que se prestan", ha resumido el consejero, quien ha abogado también por dar una guía a los ayuntamientos para facilitar su propia gestión y la gestión de los fondos que la Junta dedica a la cooperación local, que se rubricará de forma "inmediata" con diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes.

Según ha informado el consejero, el País Vasco ha editado hace unos pocos días una circular en el mismo sentido mientras que el Gobierno gallego ha optado por regular este asunto a través de un Proyecto de Ley.

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