La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) ha denunciado públicamente este jueves en rueda de prensa lo que consideran "un acoso por parte de la policía autonómica", después de que este pasado lunes la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía llevase a cabo una operación contra el juego ilegal en la que se incautó de un total de 56.100 boletos en la sede de la OID en Málaga.

"Queremos poner en conocimiento de la sociedad el acoso al que nos vemos sometidos por parte de la policía autonómica, que evidentemente es una persecución que deriva y emana de una orden política", ha criticado el jefe del Departamento Jurídico de la OID, Javier Gallego, que ha estado acompañado por el presidente de esta organización, Dionisio González Otero, y el delegado en Málaga, Manuel Morales.

Según han insistido, "se nos está incautando constantemente el producto que tenemos en la calle", agregando además que cuentan con más de 126 autos de archivo a su favor en todo el territorio nacional, "frente a denuncias interpuestas por la ONCE o asociaciones afines que han quedado en nada". "La OID jamás ha sido condenada por ninguno de los hechos denunciados", han apostillado.

Asimismo, han hecho hincapié en que la fecha elegida para requisar los boletos a la OID, "de la que se ha hecho eco el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y que torticeramente se ha filtrado en los medios de comunicación, no es casual".

Investigación judicial

En este punto, han explicado que dicha operación de la policía autonómica se ha producido coincidiendo con la apertura de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, después de que la propia OID presentara una denuncia, el pasado 19 de febrero, contra la Dirección Comercial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, y la ONCE, "por las irregularidades observadas en la venta ambulante de lotería".

En el escrito de denuncia, la OID expone que "en la ciudad de Málaga se ejerce la venta ambulante de Lotería Nacional, ONCE y Cruz Roja fuera de los locales autorizados, por personas no debidamente autorizadas y con un recargo sobre el precio del décimo o billete", y que "esto se produce tanto en la calle como en bares, restaurantes o gasolineras".

Ante esto, la OID ha considerado que puede existir un posible delito contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los trabajadores.

"Hay vendedores que desconocemos si los tienen dados de alta o no, y que revenden boletos de esta lotería incrementándoles el precio, lo cual entendemos que es un dinero que está fuera del conocimiento del fisco", ha advertido Gallego en rueda de prensa.

Así, en el auto, con fecha de 21 de marzo, la jueza considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Por ello, el Juzgado ha abierto diligencias previas para investigar los hechos denunciados y citar a declarar como testigos al presidente de la ONCE; el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, y a un miembro de la Junta Directiva de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal).

Por último, han defendido que la OID es una organización sin ánimo de lucro "cuyo objetivo principal es la proyección laboral e integración social de los discapacitados —físicos, mentales y sensoriales—". Así, han indicado que esta organización cuenta actualmente con 3.500 vendedores con alguna discapacidad en su plantilla, que se dedican a la venta de lo que se ha denominado el 'Euroboleto del discapacitado'.

Más de 71.700

Boletos ilegales

La operación desplegada contra el juego ilegal el pasado lunes por la unidad de Policía adscrita a la Junta, en la que se incautaron de 56.100 cupones en la sede de la OID en Málaga, supone la mayor intervención contra este tipo de loterías irregulares llevada a cabo en toda Andalucía.

Con esta, la Jefatura Provincial de la Unidad adscrita ya se ha incautado en lo que va de año de 71.792 boletos de loterías ilegales en la provincia de Málaga, de los cuales 61.854 pertenecían a OID y el resto a las organizaciones denominadas ANDA, ADA, OIDD y Rapida, según informó este miércoles la Delegación del Gobierno andaluz.

La Unidad de Policía de la Junta viene denunciando en diferentes provincias andaluzas a vendedores de la OID que trabajan de forma ilegal, ya que la mayoría no están autorizados ni están dados de alta en la Seguridad Social para el desarrollo de esta actividad, según explicó el delegado del Gobierno.

Además, estos sorteos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que aumenta el beneficio que los organizadores obtienen por su celebración. Por tanto, esta actividad ilegal supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente autorizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias.