La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha manifestado este jueves que considera "sorprendente" el recurso que la Junta ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas dada la "flexibilidad" que el Ejecutivo ha tenido para con Andalucía, según ha subrayado.

En declaraciones a los periodistas tras comprobar los trabajos de contención del fuego en Sierra de Gádor (Almería), Crespo ha apuntado que el pasado año a Andalucía se le permitió un "gasto adicional de 450 millones de euros" del conocido como 'déficit a la carta' mientras que otras comunidades autónomas "sí que realmente habían cumplido con el déficit establecido".

"Es muy sorprendente que a pesar de esa flexibilidad del Gobierno hacia la Junta de Andalucía, se ponga un recurso al reparto del déficit cuando precisamente a Andalucía se le ha dejado un colchón adicional frente a otras comunidades autónomas", ha dicho la representante del Gobierno en la región.

Crespo, que ha estado acompañada por el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha incidido en la "flexibilidad" y la "comprensión" del Gobierno para con la Junta mientras que el Ejecutivo andaluz insiste, a su juicio, en la "confrontación continua".

La Junta de Andalucía ha presentado un recurso ante TS contra el reparto "injusto" del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas, según la Consejería de Hacienda y Administración Pública, desde donde se ha precisado que el recurso fue presentado el 20 de marzo por parte de los servicios jurídicos centrales de la Junta.

Precisamente, ese mismo día 20 de marzo la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció en comisión parlamentaria la interposición de dicho recurso, dado que "no se respeta" lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se hace recaer "el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas", que son las responsables de la prestación de los servicios públicos fundamentales.