El Pleno del Congreso dará este jueves vía libre por lectura única a la renovación de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco que el Gobierno central ha pactado con el autonómico y las diputaciones forales.

El PP, el PSOE y el PNV habían pedido que la renovación de la Ley del Concierto vasco —que llegó a la Cámara a principios del presente mes— se tramitase por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar todos los plazos a la mitad, y que, además, el proyecto se aprobara por lectura única, esto, en un solo debate, sin pasar por ponencia ni comisión, algo que el Congreso avaló la semana pasada.

De esa forma, el Congreso aprobará la ley este jueves y la remitirá al Senado, donde previsiblemente también se tramite con el mismo procedimiento y el proyecto quede aprobado el próximo mes de abril.

Dado que hay un pacto entre las administraciones afectadas, con un acuerdo político que alcanza por tanto al PNV (Gobierno vasco y Diputación de Vizcaya), al PP (Alava), al PSE-EE (socio presupuestario de los nacionalistas) e incluso a EH Bildu (Guipúzcoa), estos partidos no se plantean modificaciones en la ley en la Cámara baja y no se prevé que lo hagan tampoco en la Alta.

El gobierno vasco ingresará 70 MILLONES

El acuerdo permitirá al Gobierno vasco ingresar unos 70 millones de euros con el traspaso de siete tributos estatales, según cálculos del propio Ejecutivo de Íñigo Urkullu. El Estado y las instituciones vascas acordaron el traspaso del Impuesto sobre Actividades de Juego y el gravamen sobre los premios de lotería, así como el impuesto sobre depósitos bancarios, que por el momento tiene un tipo cero.

Además, el País Vasco recibe un paquete de impuestos verdes como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas y el impuesto sobre gases fluorados.

El acuerdo también incluye el intercambio de información y saldos del tipo autonómico de hidrocarburos, para adecuarse a la nueva estructura del impuesto (del año 2013), así como información también para el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, para cumplir la normativa de supervisión presupuestaria de la Unión Europea.