Años de espera y una vida de ahorro. Los gallegos que estén planeando comprar una vivienda hoy en día tendrán que asumir quebraderos de cabeza garantizados. Ya no sólo por el vértigo que da el pensar en los precios estratosféricos, ni por el vértigo que da el pensar en los precios del metro cuadrado en Galicia (1.415 €), si no porque el ansiado y costoso hogar suele hacerse de rogar más de lo que debiera.

La mayor parte de las promotoras que trabajan en la comunidad acumulan una media de cinco meses de retraso sobre el plazo previsto de entrega de llaves, según el último barómetro de la vivienda elaborado por el Instituto Galego de Consumo (IGC).

La encuesta refleja que uno de cada tres gallegos sufrió en 2005 retrasos a la hora de poder disfrutar de su nueva vivienda. Y eso que los promotores suelen cubrirse las espaldas marcándose fechas holgadas para terminar las obras.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores de la comunidad reconocen que el número de denuncias por este motivo «son escasas», algo que achacan a que en el 61,45 % de los casos, en Galicia, los promotores no ofrecen ninguna garantía contractual o por escrito de fechas de entrega, lo que dificulta el poder realizar una reclamación.

Indemnizaciones

Aun así, recuerdan que, según la ley, el comprador puede exigir una indemnización que la constructora deberá abonar, salvo que alegue causas de fuerza mayor, como podría ser una temporada prolongada de lluvias torrenciales o una huelga general en el sector que le impidiesen llevar a cabo las obras.

Retrasar la entrega del piso y ofrecer al propietario la posibilidad de devolverle el dinero es, según las asociaciones de consumidores, una práctica común en las nuevas construcciones. Aseguran que, con este truco, los promotores vuelven a hacerse con la vivienda y aprovechan para luego volver a venderla a un precio superior al inicial.

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En Mesoiro esperaron más

Si alguien sabe de retrasos, ésos son los 200 vecinos de la nueva urbanización de Nuevo Mesoiro, que tuvieron que esperar siete meses para poder ocupar sus pisos, de protección autonómica. Estos residentes debían recibir sus viviendas en diciembre de 2005, pero hasta julio de 2006 no pudieron ver cumplido su sueño. Incluso se manifestaron pidiendo al Ayuntamiento que exigiese a la Xunta la aceleración de la licencia de primera ocupación, que debía ser ratificada por la Consellería de Vivenda.