En declaraciones a los medios de comunicación antes de acceder a la sede central de Correos y Telégrafos, Alberto Mercado ha señalado la nueva etapa que abre el PP andaluz con Juan Manuel Moreno como presidente y ha considerado que es posible que el nuevo líder del PP andaluz "no conozca la dimensión" de la mencionada investigación judicial, en la que figuran como imputados cuatro concejales del Gobierno municipal del PP, entre ellos Eloy Carmona, portavoz del PP en la Diputación provincial, e incluso el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares.

Por eso, el PA le envía por correo postal todo un dossier que recopila la documentación que media en el asunto, partiendo del contrato en cuestión. Igualmente, Alberto Mercado ha advertido de que el Gobierno municipal del popular José Luis Sanz estaría "coaccionando" a los trabajadores municipales que, al declarar como testigos ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, depositario de las actuaciones judiciales, "están colaborando con la Justicia" para aclarar los hechos investigados. "Son actitudes mafiosas", ha enfatizado.

Sustitución de los servidores

Finalmente, ha advertido de que los servidores informáticos del Ayuntamiento de Tomares están siendo sustituidos pese a que "podrían tener un gran valor probatorio", extremo que ha conectado con una supuesta intención de dejar al Ayuntamiento "limpio" de posibles pruebas. Por último, Mercado avisa de que el asunto, así como el desvanecimiento de las aspiraciones de José Luis Sanz en el ámbito regional, pues inicialmente se perfilaba como nuevo líder del PP andaluz, han "paralizado" el Ayuntamiento, que el próximo viernes celebra un pleno ordinario con un orden del día que sólo contiene la aprobación de las actas anteriores, según el edil andalucista.

El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, por cierto, tiene previsto tomar de nuevo declaración este jueves a Eloy Carmona, si bien la comparecencia podría ser aplazada al coincidir con el pleno ordinario de la Diputación provincial y ostentar Carmona la Portavocía del Grupo popular.

Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del actual edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.

La denuncia

Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defendía que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.

En las últimas semanas, el Juzgado imputó a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares.

El Gobierno local, de su lado, está "absolutamente tranquilo y deseando que la Justicia se pronuncie", porque la resolución del procedimiento judicial probará, según el Consistorio, que "nadie cometió ninguna ilegalidad" y que todo es fruto de "una denuncia política falsa de la oposición". "No tenemos nada que temer", enfatizan las citadas fuentes, quienes defienden la legalidad del contrato y alegan que "los trabajos fueron realizados", todo ello "con todos los avales que marcan las leyes", por lo que "todo es fruto de una denuncia falsa", manifiesta el Ayuntamiento".