La defensa de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha solicitado en el Tribunal Supremo que se repita el juicio por la venta amañada del solar público Can Domenge porque su condena estaba "diseñada" de antemano pese a la falta de pruebas. "Munar no ha tenido un juicio justo", ha sentenciado.

Así se ha expresado su abogado José Antonio Choclán durante la vista pública celebrada ante el Alto Tribunal para revisar la sentencia dictada el pasado julio por la Audiencia Provincial de Palma que consideraba a Munar responsable de delitos de prevaricación, fraude y revelación de información confidencial. La Fiscalía pide confirmar los seis años de cárcel y rebajar a quince años la pena de inhabilitación.

"El tribunal tenía diseñada la condena de María Antonia Munar", ha afirmado su abogado, para destacar que "desde el minuto uno" sabía que su cliente no sería absuelta ya que los jueces aventuraron durante el proceso la "oscura perspectiva carcelaria que se le avecinaba". "Su indefensión ha sido manifiesta", ha agregado.

A su juicio, la Audiencia de Palma aplicó la ley con el "máximo rigor punitivo", mostró reiterados "prejuicios" y valoró solo las "sorpresivas" delaciones que inculpaban a Munar, mientras que no tuvo en cuenta el testimonio del exvicepresidente insular Miquel Nadal, que excluía su responsabilidad en la venta de Can Domenge por debajo del valor real.

Así las cosas, la defensa ha solicitado que se celebre un nuevo juicio cuando concluya la investigación sobre el soborno que la promotora Sacresa habría abonado para resultar adjudicataria de estos solares palmesanos. Choclán ha añadido que solo así se garantizaría que el derecho de defensa de Munar quede "intacto" ya que "los casos de corrupción política no pueden estar exentos de las garantías legales".

La defensa de Miquel Nadal ha solicitado rebajar la pena de cuatro años de prisión impuesta a su representado, al tiempo que ha negado que este hiciera uso de ninguna "información confidencial". "No se puede filtrar lo que Sacresa ya había ofrecido. No hay información confidencial", ha agregado.

Otros condenados, como el exconseller Bartomeu Vicens o el letrado que asesoró a Sacresa Santiago Fiol, también han impugnado la sentencia condenatoria por la inexistencia de pruebas de cargo y entendiendo que el tribunal se situó "extramuros" del ordenamiento jurídico.

El fiscal defiende las confesiones

De su lado, la Fiscalía ha solicitado confirmar la condena de seis años de cárcel impuesta a Munar porque la adjudicación, "a precio vil", de la finca perjudicó "gravemente" a las arcas baleares y ha rechazado que Munar haya sufrido ninguna "indefensión" en el juicio.

El fiscal Álvaro Redondo ha defendido las confesiones de los acusados y la atenuación de sus penas por el "mérito" que conlleva asumir la responsabilidad y colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Eso sí, ha dejado claro que esta valoración no conlleva que el fiscal "ampare confesiones arrancadas que no recojan la verdad ni prime declaraciones espurias".

El exconseller de Territorio Bartomeu Vicens habló de un cohecho de cuatro millones de euros y señaló que Munar se había quedado una parte del dinero abonado por la promotora Sacresa para resultar adjudicataria de los solares.

En su escrito de 101 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acepta tan sólo uno de los siete motivos alegados por Munar relativo a la indebida aplicación de la pena que le fue impuesta por un delito de prevaricación -diez años de inhabilitación-. En su opinión, la inhabilitación debe rebajarse de 25 a 15 años. El Consell ha respaldado la petición de la Fiscalía.

La Audiencia de Palma consideró que la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca y otros cinco acusados beneficiaron a la promotora Sacresa con la venta de los solares palmesanos por ser un negocio de "sabrosas perspectivas". Respaldó el "móvil económico" con el que actuaron los acusados para justificar la venta por "concurso y precio topado", en vez de subasta, y añadió que Munar "supervisó la totalidad de la tramitación".