El abogado del exdirector general de IDEA Jacinto Cañete ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que solicite más documentación al Parlamento andaluz y a la Junta de Andalucía, pues ello ayudará a "facilitar a todos una visión global del objeto del proceso y coadyuvará a arrojar luz sobre las conductas imputadas a nuestros clientes".

De este modo, el letrado de Cañete, Juan Carlos Alférez, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya acordó indagar "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz —actual Comisión de Hacienda y Administración Pública— "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General", ya que la instructora sólo aceptó una de sus ocho peticiones de documentación.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado deja claro que las ocho documentales instadas "se formulan desde las defensas, tienen sentido y corte exclusivamente defensivo y en modo alguno pretenden criminalizar la actividad parlamentaria ni directa ni indirectamente, tal y como erróneamente hemos podido constatar que parece haberse interpretado de nuestro escrito en diferentes foros para-procesales".

Al hilo, dice que su petición de documentación tiene como fin "introducir válidamente en la causa, para su correspondiente análisis y valoración por parte del órgano instructor y de cada una de las partes, documentación relevante y relacionada con los hechos objeto de la investigación", pero "nunca ofrecer sombra de duda en clave penal sobre la actividad de estos 17 parlamentarios que cada legislatura integran la Comisión de Economía y Hacienda y, menos aún, sobre el resto de los ilustres parlamentarios que conforman el Parlamento de Andalucía".

"Esta parte procesal obviamente respeta, aunque no compartiéndolo, el modelo procesal penal decimonónico vigente que posiciona al juez instructor en tesis acusatorias, pero ello no obsta a que además de adoptarse las diligencias de corte o rasgo indagatorio que la magistrada estime menester, puedan y deban admitirse las diligencias probatorias de sentido y corte defensivo, introduciéndose así en el proceso el material necesario para que las defensas, en fases procesales ulteriores en su caso, pudieren ejercitar con plenitud el derecho de defensa", argumenta.

El abogado recuerda que, de las ocho pruebas documentales solicitadas, la juez "únicamente ha acordado" una de ellas, añadiendo a la misma tres diligencias "nuevas adicionales" no solicitadas, como la petición del diario de sesiones de la Comisión referida, el diario de sesiones del Parlamento y la ampliación del informe pericial a cargo de los peritos de la Intervención General del Estado.

Así, el letrado insiste en pedir que se requiera al Parlamento "para que aporte acreditación de haber recibido y haber distribuido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en sus distintas denominaciones los expedientes de modificaciones presupuestarias de todo el periodo investigado y acreditación de si dichos expedientes fueron remitidos además a la Oficina de Control Presupuestario y resto de parlamentarios".

Igualmente, solicita que se requiera al Parlamento para que remita "en el mismo formato en que le fueron remitidos —presumiblemente formato digital—, la misma y exacta documentación que año a año el Consejo de Gobierno le remitía concerniente al Proyecto de Ley de Presupuestos", así como "certifique entre qué parlamentarios exactos, año a año, se distribuía la misma documentación que el Consejo de Gobierno remitía al Parlamento integrante del Proyecto de Ley de Presupuestos".

Asimismo, interesa que se pida a la Cámara de Cuentas una "relación de la exacta documentación que año a año y durante el periodo investigado se remitía al Parlamento en relación con la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma andaluza".

Hay que recordar que el auto de la juez Alaya fue recurrido también por la Fiscalía Anticorrupción.