Un informe de Vigilancia Aduanera encargado por la jueza que instruye la operación Pokemon considera que la portavoz del PP de Galicia, Paula Prado, en su etapa como concejal en Santiago de Compostela en 2011 y 2012, pudo haber intermediado en la contratación de personal. El informe está contenido en la treintena de tomos del sumario que han podido descargar las partes desde este martes.

Paula Prado no está imputada en esta operación y su declaración ante la jueza Pilar de Lara es una de las piezas que todavía están bajo secreto de sumario.

En el informe elaborado por Vigilancia Aduanera figura que la entonces concejal del PP en Santiago habló por teléfono con el exasesor del alcalde dimitido Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, quien llegó a estar encarcelado en esta causa, para tratar algo sobre unos currículums que estaban en su cajón en el despacho para hacer unas anotaciones. En otra conversación, esta vez de Espadas a Prado, éste le habla sobre un programa que va mal y le cuenta que en él iban a meter a una persona afiliada a su partido, pero que finalmente metieron a otra.

El informe recoge otra conversación entre ambos el 27 de enero de 2012 en la que hablan sobre dos currículums para supuestamente contratar a dos personas en una residencia pero que es "más fácil con los otros", en alusión a Sermasa, una de las empresas investigadas en la trama Pokemon, que iban a abrir unas guarderías. Según sostiene Vigilancia Aduanera, de las conversaciones en este periodo, finales de 2011 y comienzos de 2012, Prado también habría intermediado para poner en contacto a la alcaldesa de Melide  y a uno de los responsables de Aquagest, otra de las empresas implicadas.

Además, el informe revela consideraciones de Prado y de Espadas sobre el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, que dimitiría unos meses más tarde y está condenado por fraude fiscal. Espadas considera en una conversación que el alcalde, del que era su asesor, "no hace nada" y Prado replica: "Lo poco que se hace huele a pelotazo urbanístico" y también que "es todavía peor que lo que había, que menos mal que no hay oposición que sino se los comerían".

Otro de los tomos de la investigación revela que Vigilancia Aduanera investigó a Paula Prado en relación con el pago de una factura cargada al Ayuntamiento por la representación del espectáculo familiar 'La Abeja Maya'. La entonces edil presuntamente autorizó que se cargase a las arcas municipales un pago superior al que correspondía cuando era concejala.

Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, exconcejal socialista de Lugo y uno de los imputados en la operación Pokemon, contaba en 2012 con 424.000 euros en efectivo, "probablemente del cobro de comisiones ilegales y sobornos", puesto que sus ingresos no justifican la tenencia de tal cantidad. Así figura en un atestado de la Agencia Tributaria sobre presunto blanqueo de capitales incluido en el sumario.

Este informe de junio de 2013 reitera que Liñares presuntamente recibía regalos y sobornos de la empresa Vendex, la principal de la supuesta trama, y que parte del dinero que percibía se destinaba a la adquisición de un "importante" patrimonio inmobiliario.

Aduanas sospecha que parte del dinero de Liñares procedente de su actividad ilícita, situada al margen del circuito financiero, se desvió para la adquisición de acciones en dos sociedades, ambas representadas por Miguel García Gesto, con quien el exedil mantenía una estrecha relación, por un precio muy superior al que consta en las escrituras de compraventa.

La empresa Vendex, que es el centro de la trama de la Operación Pokemon, podría haber amañado hasta tres contratos en el Ayuntamiento coruñés de Sada, según el sumario de la Operación Pokemon. El caso que instruye la jueza Pilar de Lara en Lugo implica cada vez a más personas e instituciones y apunta al funcionario de la casa consistorial sadense José Luis Álvarez Conde.

Vendex Vigilancia Aduanera infiere que Álvarez Conde facilita presuntamente a Vendex, con la colaboración de sus hermanas, "los pliegos para dos concursos en el Ayuntamiento de Sada, uno de electricidad y otro de jardines, sabiendo que al menos una de las contrataciones para dicho servicio será a través de un proceso de invitación a tres empresas para que presenten sus presupuestos y adjudicar al precio más bajo".

Podría estar cometiendo, presuntamente, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, revelación de secretos o información privilegiada y falsedad documental con las prácticas que realizaría con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. Todo en tres concursos, el de "los servicios de limpieza de edificios y locales municipales", el de "servicios de conservación y mantenimiento del alumbrado y de las instalaciones eléctricas de las dependencias y otros trabajos eléctricos del Ayuntamiento de Sada" y el de "servicios de ayuda en el hogar".

Vigilancia Aduanera habría detectado unos pliegos de concurso redactados para Sada en las oficinas de Vendex pendientes de la firma municipal y dos propuestas, una por valor de 193.562,95 euros y otra por valor de 299.402,64 euros.

Pilar de Lara, la jueza  que lleva el caso, ha tramitado una comisión rogatoria a los Estados Unidos para que le remita todo el contenido de la cuenta del correo electrónico de 'gmail' del alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, imputado en este caso.

En un oficio de julio del pasado año, recogido en unos de los tomos relacionados con esta causa en la que se investigan supuestas comisiones ilegales de empresas a cambio de comisiones, la jueza pide la remisión del contenido del correo electrónico del alcalde socialista. La magistrada reclama los mensajes recibidos, remitidos, borradores y elementos eliminados, así como sus archivos adjuntos.