La Policía no tiene intención de quedarse callada. Hablan de fallos, de "inacción", de posibles órdenes políticas y hasta de falta de deferencia por parte de sus superiores. Es la resaca del 22-M, de los 101 heridos, 67 de ellos policías, y los 21 detenidos, tres menores, por los disturbios que se produjeron justo antes de que terminaran las Marchas de la Dignidad.

El miércoles a las 12 horas hay convocadas por los sindicatos policiales concentraciones en todos los centros de trabajo en "repulsa por la violencia" del pasado sábado; en Madrid será en el patio de la Brigada Provincial de Moratalaz, sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que ya acogió durante el fin de semana una manifestación espontánea de agentes. Hay malestar en indignación en el Cuerpo.

Se ha abierto una investigación interna -reservada-, de la que Mónica Gracia, secretaria general del SUP, espera que resulte alguna destitución. Admite, no obstante, que puede llevar algún tiempo recabar información de todos los agentes involucrados, y también de lo que ocurrió con la furgoneta de la policía municipal que fue atacada y con un camión de bomberos que se cruzó en la escena.

Es inconcebible, apunta, que uno de los despliegues policiales más importantes de los últimos tiempos -al menos 1.750 agentes- no pudiera hacerse cargo de la situación. Hubo un "error en la planificación y en los medios", explica, mencionado el estado en el que quedaron algunos cascos y escudos de los policías, las lesiones en extremidades por falta de espinilleras o la falta de medios antidisturbios.

Además, explica, "hubo una orden de esperar" que tampoco comprenden otros responsables sindicales; alguno habla de "omisión" y de "silencios". El comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, y el comisario jefe de la UIP nacional, José Miguel Ruiz Iguzquiza, son, por tanto, los señalados. Pero algunas fuentes apuntan incluso más arriba, aunque sin nombrar a nadie: hacia el Ministerio del Interior.

"No ha habido muertos porque dios no ha querido. Si ha habido órdenes, que se sepa", dice Jesús Lira, secretario general del Sindicato Profesional de Policía (SPP), el de los mandos policiales -que se suma a las concentraciones del miércoles-. Insiste, en cualquier caso, en esperar para comprobar "dónde se ha roto el procedimiento" y entonces "pedir cabezas", pero asegura que desde su sindicato se exigirán responsabilidades "a todos los niveles".

Todas las fuentes consultadas han echado en falta al menos un gesto del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, más allá de la investigación abierta, aunque alguna de ellas recuerda expresamente que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, siempre defiende la labor policial. El SPP demanda no solo medios, también una "legislación acorde" y una ley de personal e instalaciones "en condiciones".

"No puede ser que pegar a un Policía salga más barato que romper una farola", dice Lira. Los tres sindicatos mayoritarios -de la "escala básica"-, SUP, UFP y CEP, han decidido presentarse de forma conjunta como acusación particular en los procedimientos abiertos a los detenidos. Todos salieron el lunes en libertad con cargos, salvo uno que ha quedado en prisión provisional por atentado contra la autoridad, lesiones y desórdenes públicos.

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha admitido "errores de planificación" en el despliegue. Con él se están reuniendo los sindicatos policiales (mañana lo harán de nuevo). Villabona y Ruiz Iguzquiza están "deslegitimados", apunta una fuente. Para algunos, muchas de las decisiones políticas adoptadas suelen tener "una intención manifiesta" de desviar la atención de los problemas actuales hacia la Policía.

Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de la Policia Española (SIPE), habla de "inacción y mala organización" y desconfía de que se vaya a producir alguna destitución, aunque sí opina que los violentos tendrían que haber sido parados por la propia organización de las marchas. También estudian desde su sindicato personarse como acusación particular contra los detenidos.

Dice que la Policía no sabe -"ni lo sabremos"- si los detenidos formaban parte de las marchas, aunque después explica que salieron de las mismas. Gracia, por su parte, reconoce que los disturbios deslucieron una manifestación que transcurrió de forma pacífica. Los altercados más graves se registraron en los alrededores de la plaza de Colón, aunque el detonante se produjo en la calle Génova cuando no había terminado el acto final de las marchas.

La Coordinadora 22M, organizadora de las marchas, ha anunciado que estudia acciones legales contra la delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior por la actuación policial del sábado. La delegada del Gobierno había anunciado poco antes la apertura de expedientes sancionadores contra ellos. Los sindicatos policiales, por su parte, aseguran que seguirán con las movilizaciones para pedir responsabilidades por lo sucedido.