Los grupos parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista han consensuado una proposición no de ley para solicitar una modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita adelantar la edad de jubilación de los policías autonómicos y locales mediante su reconocimiento como profesión de riesgo, tal como se hizo en 2010 para la Ertzaintza gracias a una enmienda a la Ley de Presupuestos del Estado promovida por el PSOE y el PNV.

La iniciativa, promovida por el PRC a instancias de los cuerpos de policía local cántabros, ha sido presentada ya en el Registro de la Cámara, con el objetivo de poner fin a "la injusticia" de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, ni la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial.

Para ello, según ha informado el PRC en un comunicado, plantea la incorporación de este colectivo al grupo de profesiones a las que se aplican coeficientes reductores de la edad de jubilación, lo cual requiere una modificación de la ley que regula el sistema de la Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, para la cual los grupos parlamentarios solicitan no sólo el apoyo del Gobierno de España, sino también de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

La jubilación anticipada está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social para los trabajadores que ejercen profesiones "de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre" en las que se registren "elevados índices de morbilidad" y se aplica mediante coeficientes reductores establecidos en base a estudios previos de las condiciones de trabajo. Diversas universidades han analizado ya la actividad del colectivo de policías locales y autonómicos, en la que han constatado indicios de peligrosidad y penosidad.

De hecho, en otros países europeos estos profesionales tienen reconocido el retiro anticipado a edades que oscilan entre los 55 y los 60 años en el caso de Alemania, a partir de los 54 en Bélgica, 55 en Grecia, 57 en Reino Unido, 60 en Italia y Noruega y a los 35 años de servicio en Irlanda del Norte. En España sólo está reconocido el anticipo para la Ertzaintza y el cuerpo de bomberos.

La proposición no de ley aduce que el incremento de los costes sociales que conlleva esta medida se vería compensado con el rejuvenecimiento de las plantillas y "su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y periodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad, la mejora del rendimiento y la garantía de un servicio con adecuadas condiciones psicofísicas, que inciden en mejorar la Seguridad Pública".

También señala que el Estatuto Básico del Empleado Público contempla expresamente el compromiso del Gobierno de presentar en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios, con recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar el acceso de determinadas profesiones.

En este sentido, precisa que el reconocimiento "justo" aprobado en 2010 para la Ertzaintza evidencia que el resto de las policías autonómicas y locales están "discriminadas por analogía", ya que "es la naturaleza de la profesión y no su dependencia orgánica la que determina su carácter de riesgo".