El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha remitido al colectivo de profesores interinos de la Universidad de Sevilla (US), en lucha por la precariedad de las condiciones laborales en las que desempeñan su labor, una comunicación en la que notifica la admisión a trámite de la queja interpuesta por éstos ante la oficina que encabeza.

En dicha notificación, consultada por Europa Press, Maeztu, que incide en la descripción "detallada" de las condiciones salariales-profesionales de este sector, ha indicado que la Defensoría ha iniciado actuaciones ante los organismos correspondientes —Secretaría General para la Administración Pública y Rectorado de la Hispalense—, pidiendo colaboración e información.

En concreto, el Defensor se detiene en la posibilidad de provisión excepcional de plazas vacantes de la plantilla —y dotadas económicamente en presupuesto— de profesores ayudantes doctores y ayudantes, al objeto de prestar una labor docente "digna", y mediante el procedimiento selectivo basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Por otro lado, los interinos, siguiendo con los actos y movilizaciones planteadas, presentaron la pasada semana un informe sobre las "desigualdades" económicas y laborales en comparación con el resto de personal docente investigador y la "alta" precariedad que sufre el colectivo realizando sus cometidos, "siendo el 'suelo de cristal' de la Universidad de Sevilla".

El colectivo pide que los trámites burocráticos se aceleren y que la "buena voluntad" mostrada por el comité de empresa y el rector "se materialicen en hechos concretos", ha explicado a Europa Press la portavoz del movimiento, Rosa María Giráldez.

Buena disposición de la junta

Los interinos ya han tenido una reunión con la Junta de Andalucía para solicitar que se desbloqueen las dotaciones de plazas de ayudantes y ayudante doctor, "con buenos resultados y disposición política clara de convocarlas". Así, Giráldez recalca que el director general de Universidades, Manuel Torralbo, ha explicado que pedirá a todas las universidades andaluzas informes sobre las necesidades en este sentido para, posteriormente, tomar una decisión en consecuencia.

Sobre los resultados de una reciente asamblea del colectivo, en la misma se ha establecido un calendario de actuaciones hasta que se atiendan sus reclamaciones, con fecha límite hasta el próximo Consejo de Gobierno de la US, que posiblemente tendría lugar a finales del mes de abril.

De esta forma, la asamblea acordó una concentración semanal en el Rectorado, mientras que, respecto a una manifestación ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, ésta será, con toda probabilidad, el próximo 22 de abril.

El acto reivindicativo tendría un carácter "lúdico", incluyendo un vídeo que pueda difundirse a través de las redes sociales; se ha establecido que el acto debe ser "multitudinario", y para ello se hará llamamiento a sindicatos, órganos colegiados e integrantes de la comunidad universitaria, así como a interinos y miembros de otras universidades andaluzas.

RECLAMACIONES

El personal interino reclama al equipo de gobierno de la US la elaboración de un plan de estabilidad del profesorado sustituto, posibilitando el acceso a figuras más estables dentro de la institución académica como consecuencia del reconocimiento de la actividad investigadora, docente, acreditaciones autonómicas y nacionales, así como la vinculación contractual.

Como medidas concretas para la mejora laboral y salarial, la coordinadora propone contemplar el complemento por doctorado, equiparar el sueldo mínimo al del ayudante —que es el 65 por ciento del de contratado doctor—, pagar a los interinos acorde a su acreditación, crear un complemento de actividad científica, no contratar a nuevas figuras interinos a tiempo parcial siempre que lo permitan las necesidades docentes de los departamentos o dotar al personal que sustituye de las condiciones necesarias para poder realizar su trabajo.

Por otro lado, los interinos creen que los concursos de acceso deben ser más transparentes "para evitar injusticias e interpretaciones sesgadas de los baremos".