La Generalitat presentó el viernes una demanda ante el Tribunal Supremo para cambiar el reparto del límite de déficit que el Gobierno central ha asignado a las autonomías entre 2013 y 2016, ya que argumenta que no cumple la ley, han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno catalán.

La demanda defiende que la Ley de estabilidad determina que las autonomías deben conservar en sus límites la proporción de su peso del 37% en el déficit estructural de España en 2012, lo que se incumple en los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de junio y 12 de julio de 2013 que establecieron el reparto del déficit para el periodo 2013-2016, publica este lunes el diario 'Ara'.

Como derivada, el Consejo de Ministros también aprobó acuerdos específicos para Cataluña el 30 de agosto y el 18 de octubre de 2013, y el Gobierno catalán ha presentado recurso contencioso administrativo contra todos: los del 28 de junio, 12 de julio, 30 de agosto y 18 de octubre.

Esta acción legal llega después de que el Ejecutivo central respondiese negativamente al requerimiento presentado por la Generalitat, y la demanda reivindica que, cumpliendo la ley, el déficit de Cataluña para 2013 debería haber sido del 2,5%, en vez del 1,58% fijado por el Estado.

Así lo recoge el documento, consultado por Europa Press, que también aplica este criterio para los años siguientes, de forma que el límite de déficit autonómico para 2014 debería ser del 2,2%, frente al 1% establecido; para 2015 del 1,6%, en vez del 0,7% fijado, y para 2016 del 1,1%, en vez del 0,2%.

La demanda también recuerda que el Parlamento Europeo recomendó que "los esfuerzos de consolidación fiscal deben repartirse de forma justa entre las distintas administraciones teniendo en cuenta los servicios que prestan".

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha criticado en repetidas ocasiones que el Ejecutivo central se ha adjudicado la mayoría del margen que permitió la UE en las exigencias para reducir el déficit, mientras que las autonomías se han quedado con un porcentaje inferior al gasto público que deben soportar, que es de un tercio del total.

Distribución "arbitraria"

Así, el Gobierno catalán expone al Supremo que lo que discute es que el Consejo de Ministros "ha realizado una distribución no equitativa, desproporcionada y arbitraria" de los objetivos de estabilidad presupuestaria entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas que supone para las autonomías la obligación de reducir hasta 2016 un 104% de su déficit estructural, frente al 43% que debe reducir la Administración estatal.

También critica que obliga a las autonomías a alcanzar los objetivos que la Ley de estabilidad fijaba para 2020 en 2016, y pide al Tribunal Supremo que anule el reparto del déficit actual y obligue al Consejo de Ministros a establecer un reparto "ajustado a lo que dispone" la citada ley.