El Gobierno contempla constituir la empresa pública de autopistas para solucionar los problemas que atraviesan nueve vías de pago en riesgo de quiebra, pero reconociendo a sus bancos acreedores una deuda inferior a la de 3.600 millones de euros que actualmente soportan estas vías, según informaron a Europa Press en distintas fuentes del sector.

El Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda estudian desde hace unos dos meses las posibles soluciones para las autopistas de peaje en concurso de acreedores.

En el marco de este análisis se ha sopesado la opción de integrarlas en una empresa pública o bien la de proceder a su liquidación ordenada, en caso de que esta alternativa tuviera un menor impacto en las arcas públicas.

Dentro de este estudio se ha configurado un grupo de trabajo entre los dos departamentos ministeriales y las constructoras concesionarias de las vías. Según indicaron a Europa Press en dichas fuentes, este grupo tripartito podría alcanzar esta semana un acuerdo para solventar la situación de las autopistas.

Esta solución pasaría por constituir finalmente el proyecto diseñado por el Ministerio de Fomento de integrar a las nueve autopistas en problemas en una sociedad pública dependiente del Departamento que dirige Ana Pastor.

No obstante, la empresa pública de autopistas reconocería a los bancos acreedores de las actuales sociedades concesionarias de las vías un importe de deuda inferior al que actualmente soportan, de unos 3.600 millones de euros.

Dichas fuentes indican que las entidades ven esta solución como "la menos mala" frente a la alternativa de la liquidación. Además, la quita de deuda tendría un "impacto neutro" en sus cuentas, dado que ya tienen este pasivo provisionado.

De esta forma, la nueva empresa pública de autopistas nacería con un menor coste por servicio de la deuda y presentaría así una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE la considerara como ayudas de Estado.

Coparía el 22%

De la red de pago.

La nueva sociedad de vías de pago integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, más de una quinta parte (el 22%) de la red de pago. Se trata de las radiales de Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

Estas autopistas están actualmente en proceso de concurso de acreedores por el desequilibrio económico que les ocasionó el sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos, por las que les pueden exigir hasta 1.200 millones de euros, y el desplome del tráfico desde que empezó la crisis.

La opción de liquidar estas vías supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado, además de un proceso judicial con las empresas actualmente concesionarias de las infraestructuras. Así lo aseguran estas firmas, controladas por los grandes grupos constructores y que aseguran haber perdido ya 1.800 millones de euros en estas autopistas.