El Gobierno de Cantabria ha trasladado a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por los derribos, que "adelantará todo lo posible" el trabajo "pendiente" para que "en el mes de abril" las 32 viviendas de Escalante con auto de derribo tengan una autorización provisional.

Así lo ha asegurado AMA este sábado con motivo de la concentración convocada en la localidad para apoyar a estas familias y en la que han participado unas 300 personas, y que se ha acompañado de una reunión en la que ha intervenido, entre otros, el alcalde, Juan José Alonso, que espera "en unas semanas" aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplará las soluciones para familias afectadas por sentencias de derribo en el municipio.

Unas familias que, según el presidente de AMA, Antonio Vilela, "viven una auténtica tortura y un ocaso injustificable", por lo que desde este colectivo han insistido al Gobierno, al Parlamento y al Ayuntamiento que "cumplan" las promesas hechas.

Bajo el lema 'No más torturas a familias inocentes', en la concentración se han escuchado gritos pidiendo "justicia", "legalización es la solución", "queremos nuestras casas" o "no derribos", según informan los afectados.

La misma se ha llevado a cabo formando una "cadena humana" que ha unido el edificio de Las Torres con el Ayuntamiento de Escalante, para escenificar la necesidad de que el Consistorio cumpla el Plan de Actuación del Gobierno regional y los acuerdos del Parlamento.

A continuación, se ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento en la que Vilela ha señalado que cada auto de derribo es "un nuevo mazazo, una nueva puñalada en el corazón". "Y son innumerables las que nos han dado", ha apuntado, para indicar que desde que se inició esta "desgraciada" situación cerca de 70 personas afectadas por los derribos "han fallecido". "Acabar con las víctimas no es solucionar un problema, es realizar la mayor de las injusticias", ha advertido.

Al hilo de lo anterior, se ha preguntado cómo es posible que haya "amnistías fiscales, leyes para mirar hacia otro lado ante crímenes contra la humanidad, indultos para delincuentes confesos" o leyes que "legalizan más de cien mil viviendas" y, en cambio, "en Cantabria no seamos capaces de solucionar el problema de 621 familias".

"Es terrible la inseguridad jurídica que produce el estar toda la vida pendiente de la ejecución de una sentencia en la que no eres condenado", ha expresado Vilela, para cuestionarse "qué interés inconfesable se está protegiendo cuando se insiste en derribar una vivienda cuando es un terreno urbano donde se puede volver a construir".

Asimismo, ha tachado de "auténtica vergüenza" que después de "20 años no sepamos ni lo que nos tienen que dar por el derribo de nuestra vivienda", demoliciones que ha achacado a la "incompetencia", "ilícitos" o "delitos" de las administraciones públicas.

31

De marzo en el parlamento

Por otra parte, AMA mantendrá el 31 de marzo una ronda de contactos con todos grupos parlamentarios —PP, PRC y PSOE— para solicitar su apoyo, y asistirá, por la tarde, al Pleno del Parlamento, que tiene previsto en su orden del día abordar la situación de las familias de Escalante afectadas por el último auto de derribo.