Ayuntamiento multará en un mes al propietario de un inmueble de El Cabanyal si no lo rehabilita, según EUPV

El portavoz del grupo municipal de EUPV, Amadeu Sanchis, ha advertido de que el Ayuntamiento de Valencia impondrá una multa coercitiva o ejecución subsidiaria al propietario de un edificio del barrio de El Cabanyal si "en un plazo de un mes" no ejecuta las obras de rehabilitación del inmueble, con un coste que asciende a 10.543 euros, que en un principio había asumido la mercantil pública Cabanyal 2010 S.A. --actualmente Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.-- por los daños que había ocasionado durante el derribo de dos edificios colindantes.

El portavoz del grupo municipal de EUPV, Amadeu Sanchis, ha advertido de que el Ayuntamiento de Valencia impondrá una multa coercitiva o ejecución subsidiaria al propietario de un edificio del barrio de El Cabanyal si "en un plazo de un mes" no ejecuta las obras de rehabilitación del inmueble, con un coste que asciende a 10.543 euros, que en un principio había asumido la mercantil pública Cabanyal 2010 S.A. —actualmente Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.— por los daños que había ocasionado durante el derribo de dos edificios colindantes.

Según ha podido saber la formación, la Comisión de Urbanismo dará cuenta el próximo lunes de un expediente en el que el Ayuntamiento ha ordenado a la propiedad del inmueble, ubicado en el número 202 de la calle Escalante, de que en el "plazo máximo de un mes" se lleven a cabo las obras necesarias para adoptar las medidas precautorias de urgente adopción, que consisten en el apuntalamiento del edificio, la colocación de seis contrafuertes y la estabilización del antepecho, ha precisado en un comunicado.

Si transcurrido este plazo no se han ejecutado las obras, "se procederá a la imposición de una multa coercitiva o ejecución subsidiaria por la propia administración municipal, con posterior cargo a la propiedad", explica.

Sanchis ha denunciado "cómo en un plazo de cuatro años el equipo de gobierno ha modificado lo que en su momento fue un acuerdo mediante el cual la mercantil Cabanyal 2010 S.A. y la propiedad privada deciden que la ejecución puntual de las obras de apeo, con la finalidad de consolidar la estructura del inmueble y tapiado de la zona afectada para evitar el acceso, va a ser realizada por Cabanyal 2010 S.A., y que esta mercantil también será la que asumirá todos los costes.

Asimismo, recuerda que, "tan sólo dos meses después, en diciembre de 2009, el Ayuntamiento requirió a la propiedad la realización de las obras de conservación del edificio, y ésta presentó alegaciones a este requerimiento explicando que el estado actual del inmueble era debido en gran parte a las demoliciones de los edificios colindantes de la calle Escalante, 200 y 204, realizados por la empresa Cabanyal 2010 S.A. en los meses de agosto y septiembre de 2009".

"Al derribarse estos dos edificios se provocaron daños en el número 202, y ante la falta de respuesta de la mercantil, la propiedad solicitó un acta notarial para demostrar que los daños causados en las medianeras con ocasión de las demoliciones deben ser reparados por los causantes del mismo, y que no es otro que la empresa municipal", ha explicado el concejal de la formación de izquierdas.

De hecho, la propiedad en sus alegaciones recuerda que "una prueba evidente de que los daños que sufre la vivienda fueron causados por la mercantil es que por ésta se formuló el compromiso de reparación suscrito el día 16 de octubre de 2009".

Inmueble sujeto a demolición

Para EUPV resulta "llamativo" que la misma propiedad señale también en sus alegaciones que es "especialmente lamentable que el Ayuntamiento de Valencia utilice como método de coacción la tramitación de un expediente de orden de ejecución de obras como mecanismo para forzar la gestión urbanística de la zona, porque el inmueble está sujeto a expediente de gestión que conlleva su demolición y desaparición y, por tanto, la orden de ejecución con el fin de garantizar las condiciones de conservación del edificio resulta cuanto menos incompresible", transmite.

El edil ha criticado que "esto es una prueba más de cuál ha sido la forma de cómo el PP ha venido gestionando los problemas urbanísticos del barrio de El Cabanyal, donde los derribos se iban produciendo fruto de la aplicación de un Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que la justicia y el gobierno del Estado han acabado declarando nulo, a la vez que evidenciaba que su objetivo único era la destrucción y el derribo de inmuebles".

"La rehabilitación estaba tan lejos que, como demuestra este caso, incluso los costes ya no van a ser asumidos por la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar creada por el Ayuntamiento a tal efecto, es decir, para el desarrollo del PEPRI", concluye.

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