El Gobierno de Cantabria ha desmentido las acusaciones vertidas por el sindicato CCOO, y en las que responsabiliza a la Consejería de Presidencia de haber realizado "el mayor ERE de la región", con la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma en los dos últimos años, denuncias que tacha de "falsas".

El Ejecutivo recuerda al sindicato que Cantabria, como el resto de las comunidades autónomas, está "obligada" a cumplir la normativa básica estatal, que se ha plasmado en las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Para el presente año, y según explica el Gobierno en nota de prensa, dicha regulación se repite en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y en su artículo 21 señala que en el presente ejercicio "no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal".

De hecho, subraya el Gobierno, Cantabria se encuentra "por encima de la media nacional" en cuanto al peso del empleo público durante la crisis, como se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa 2013 (EPA).

Así, hay casos, como los de La Rioja, Baleares o Castilla-La Mancha, donde el aumento del peso del empleo público es "irrelevante, de apenas una décima"; pero en otros se ha producido un "sensible ascenso", como en Cantabria, Murcia o Castilla y León.

OPE 2014

En cuanto a las críticas vertidas por el sindicato respecto de la Oferta de Empleo Público de 2014, el Gobierno recuerda que está compuesta por 6 plazas de personal funcionario por el turno libre, más 3 de promoción interna, número que es "el máximo" que permite la tasa de reposición de efectivos establecida en la normativa básica estatal.

De hecho, la Administración ha adoptado la postura de "mayor flexibilidad posible en la interpretación del mismo", maximizando con ello las posibilidades de obtener "la más amplia oferta pública de empleo posible para el año 2014", asegura el Gobierno.

Por lo que respecta a la reordenación de las sedes administrativas, desde el Gobierno de Cantabria recuerdan "el alto coste y la dispersión" de las mismas y el esfuerzo llevado a cabo desde 2011 para reducir el gasto y ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

"Bajo las premisas de ahorro y eficacia, y en el marco de un nuevo modelo organizativo, la reordenación de las sedes se ha mostrado como la alternativa más adecuada para reducir casos de alquileres, en muchos casos, desproporcionados y que han obligado a realizar arduas negociaciones para reducir el impacto de las cláusulas de blindaje que afectaban a muchos de ellos, en claro perjuicio para el interés público", señala al respecto

Finalmente, el Gobierno de Cantabria recuerda a CCOO que la Oficina de Control del Gasto permite un "doble beneficio sin que se incremente el coste en materia de personal". Por un lado, permite "adoptar medidas de control y de austeridad", y por otro, "obtener mejores resultados en el ámbito contractual".

"En ningún momento el funcionamiento de esta unidad ha supuesto la incorporación de nuevos trabajadores a la Administración, ya que está integrada por medios propios, tras la reorganización de efectivos", asegura el Ejecutivo, que niega las acusaciones del sindicato CCOO sobre la creación de siete puestos de trabajo en la Oficina de Control y Supervisión del Gasto, con un importe de 422.000 euros.

Al mismo tiempo, el Gobierno considera que "tal vez lo que preocupe a los detractores" de la Oficina de Supervisión del Gasto Público, sea "el que exista una unidad que analice la gestión de recursos públicos y con ello evidencie, entre otras cosas, los despilfarros que se produjeron con gobiernos anteriores".