La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha asegura que, gracias a "una gestión eficiente", se ha logrado reducir en 5.000 el número de personas dependientes esperando a recibir un servicio, en comparación con las que había en 2011. En este sentido, la Consejería "pide respeto para el trabajo que desarrollan de forma muy profesional todos los funcionarios que se ocupan de la gestión de la dependencia en Castilla-La Mancha".

En un comunicado, el departamento que dirige José Ignacio Echániz ha reaccionado de este modo, después de que la diputada nacional del PSOE por la provincia de Toledo Guadalupe Martín haya alertado este viernes de que, con fecha 31 de diciembre, en la región había 10.766 dependientes que estaban esperando recibir la prestación "que ya se les había reconocido".

Es absolutamente falso que desde esta Consejería se haya aplicado una "suspensión cautelar" a dependientes fallecidos. La Consejería aclara que "solo se suspende la prestación a aquellas personas que el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Justicia indica que han fallecido, y lo hace a través de un listado que pasa periódicamente a todas las comunidades autónomas".

También es absolutamente falso, señala la Consejería, que haya una "contabilidad paralela" de los expedientes de la dependencia. "Estas son prácticas que se realizaban en la anterior etapa de gobierno socialista que, afortunadamente, se han erradicado", han afirmado.

Datos del tribunal de cuentas

El Tribunal de Cuentas confirma que las irregularidades por personas fallecidas que no habían sido dadas de baja en el sistema, conllevaron a Castilla-La Mancha ver reducida la financiación del Estado en más de 15 millones euros, han señalado desde este departamento.

En cuanto a las personas que murieron han indicado que, a pesar ello, sus herederos "siguieron cobrando ayudas económicas, el Tribunal de Cuentas confirma que hasta la fecha se han cobrado más de 6,5 millones de euros por pagos indebidos, correspondientes a 5.953 expedientes".

Asimismo, señalan que el Tribunal de Cuentas valora "algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de gestión de la dependencia." Entre ellas, exigir el DNI a los menores para facilitar la identificación y evitar errores.

En cuanto a plazos, según los datos del informe del Tribunal de Cuentas, la Consejería de Sanidad afirma que el tiempo medio de tramitación de un expediente en Castilla-La Mancha es 105 días inferior a la media nacional y 52 días menos de lo que se tardaba en el periodo de 2007 a 2010.

El departamento que dirige Echániz ha señalado que el informe que los datos de dependencia ofrecidos por el Estado entre 2007 y 2011" no reflejaban la situación real de la gestión de la dependencia y "Castilla-La Mancha es una de las tres comunidades autónomas que certifican puntualmente todos los meses sus datos de dependencia y la veracidad de los datos introducidos en los Sistemas de Información oficiales".