El Ejecutivo regional expresa "su desacuerdo" con la decisión del Gobierno de España de recurrir la Ley riojana

Reitera "su oposición al uso de esta técnica en La Rioja por los riesgos para el medio ambiente y la actividad agraria"

En relación con el acuerdo adoptado este viernes por el Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley 7/2013, de 21 de junio, por el que se regula la prohibición del uso de la fractura hidráulica o fracking como técnica de investigación y extracción de gas no convencional en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Ejecutivo riojano "quiere expresar su desacuerdo con esta decisión" y su "intención de defender la ley riojana" porque entiende que "se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional español".

Por ello, el Gobierno de La Rioja ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los riojanos y reiterar que "en el momento en que se presente una solicitud que contemple el uso del 'fracking', se manifestará en contra de su aplicación y exigirá los correspondientes estudios de impacto ambiental".

En cuanto a la norma recurrida, el Ejecutivo riojano destaca que la Comunidad Autónoma de La Rioja "tiene competencias suficientes, tanto en materia de ordenación del territorio y urbanismo como en materia de medidas adicionales de protección del medio ambiente, para aprobar esta Ley".

Además, en relación a la protección del medio ambiente, la doctrina del Tribunal Constitucional es "clara" y señala que el Estado tiene la competencia para establecer "un rango mínimo común de protección ambiental aplicable en todo el territorio nacional y las comunidades autónomas pueden ampliar esta protección, aunque nunca reducirla".

En este contexto, la prohibición en La Rioja de la utilización de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional es una medida reforzada del medio ambiente del territorio riojano. En cuanto a las competencias en ordenación del territorio, permiten a nuestra comunidad decidir sobre los usos del suelo, compatibilizando los usos mineros con los agrícolas, ganaderos, etc.

Del mismo modo, el Gobierno de La Rioja destaca que la prohibición del fracking no es una medida arbitraria puesto que está fundamentada en la aplicación de un principio de actuación pública recogido por la propia Unión Europea: el principio de cautela en materia de medio ambiente. Este principio está consolidado en la Unión Europea desde 1992 y forma parte de los Tratados Constitutivos de la Unión, es decir, de su arquitectura de principios básicos.

La formulación del principio de cautela significa que el poder público competente puede restringir la utilización de una actividad económica concreta si existe un elenco de riesgos potencialmente peligrosos para el medio ambiente o la salud de las personas.

Por ello, el Gobierno de La Rioja, tras analizar detenidamente la existencia de tales riesgos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y para las actividades agrícolas y ganaderas, identificó dichos riesgos en contaminación de acuíferos por metano, lo que está contrastado en varios estudios y 'papers' de alcance internacional y rigor científico. "La identificación de estos riesgos legitiman la intervención sobre esta técnica minera, y su prohibición", señala el Ejecutivo regional.

Por último, el Gobierno de La Rioja argumenta que la promulgación de la Ley 7/2013 que prohíbe el 'fracking' no constituye una prohibición general, sino específica. En los términos de la doctrina más consolidada del Tribunal Constitucional sobre la materia, está claro que las comunidades autónomas pueden intervenir sobre prohibiciones de carácter específico. En este sentido, recuerda que no hay vigente una prohibición general, puesto que están permitidas todas las técnicas tradicionales de extracción de gas, salvo una: la fractura hidráulica.