El Parlamento rechaza la Ley de reforma Local por suponer "un ataque sin precedentes a los ayuntamientos"

Los grupos del Parlamento asturiano, a excepción del PP, han mostrado este viernes su rechazo a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por suponer "un ataque sin precedentes a la autonomía municipal y una injerencia en las competencias" y han instado al Gobierno regional a formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

Los grupos del Parlamento asturiano, a excepción del PP, han mostrado este viernes su rechazo a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por suponer "un ataque sin precedentes a la autonomía municipal y una injerencia en las competencias" y han instado al Gobierno regional a formular el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

Lo han hecho al aprobar una moción del grupo parlamentario de IU defendida por Marta Pulgar, a la que el PP ha dado su voto en contra. "Se trata de una mala ley que no queremos, de sobra fundamentada su inconstitucionalidad y con nefastas consecuencias para calidad servicios a los ciudadanos", ha dicho Pulgar.

La moción también solicita que el Ejecutivo presente ante la Cámara en el actual periodo de sesiones un informe evaluación del impacto de la aplicación en Asturias de dicha ley, que recoja entre otros aspectos el impacto económico, los servicios que pasan a ser competencia de la autonomía o el calendario concreto de aplicación.

Pulgar ha destacado que la moción recoge también instar al Consejo de Gobierno a abordar la aplicación en Asturias de la ley de manera acordada con los ayuntamientos del Principado cumpliendo algunos criterios como garantizar el mantenimiento de empleos públicos y el nivel de calidad del conjunto de los servicios. Este punto ha sido rechazado al no contar con el apoyo del PSOE.

"La que presentamos es una moción coherente con la interpelación que le hicimos al Gobierno y coherente con la agenda política actual. El Gobierno debe tener una hoja de ruta marcada y definida", ha manifestado Pulgar.

La diputada del PSOE, Adriana Lastra, ha recordado que el consejo de Gobierno ya ha pedido informe al consultivo para presentar el recurso de inconstitucinalidad ante una "mala ley que pretende acabar con el estado de bienestar".

Lastra ha criticado la falta de información y ha indicado que "ni siquiera el Ministerio sabe como se va a aplicar esta ley" y ha puesto en duda que los quince alcaldes del PP del Principado estén de acuerdo con la postura mantenida por el Grupo parlamentario del PP.

Desde Foro Asturias, su diputada Marina Huerta, ha recordado que Foro presentó hasta 34 enmiendas en el Congreso a dicha ley y todas ellas fueron rechazadas. Así ha recordado que su partido considera que esta ley no defiende en el problema de la financiación o suficiencia de las Administraciones locales.

Ha compartido además la invasión de competencias que supone esta ley, que se ven incluso incrementadas en Asturias con las parroquias rurales y ha reprochado al Gobierno central la falta de información.

Desde UPyD, su diputado Ignacio Prendes, ha indicado que estamos ante "una mala ley que no aborda los problemas de las Administraciones locales y que supone un retroceso y pérdida de calidad democrática".

El pp defiende la ley

El grupo del PP se ha quedado sólo en su defensa de la Ley. Así, a juicio del diputado del PP, Matías Rodríguez, discusiones como la de esta moción "no le corresponden a este parlamento y además debilitan la credibilidad del mismo". Así ha insistido que no hay unanimidad en contra de este texto al que la mayoría de CCAA han dado su apoyo, además de los miles de ayuntamiento.

Ha insistido en que esta ley "era y es necesaria y urgente después de que los socialistas no hayan hecho nada por los ayuntamientos en años" y ha acusado a los grupos de la izquierda que "mientras ellos mienten el Gobierno del PP seguirá presentando reformas para mejorar la calidad democrática".

Rodríguez se ha volcado en defender una ley que ha asegurado que en ningún caso quita competencias a los ayuntamientos y lo que busca es garantizar y mejorar los servicios que prestan los consistorios y la transparencia local.

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