La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que, antes del 28 de marzo, la Junta de Andalucía interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas, dado que "no se respeta" lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se hace recaer "el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas", que son las responsables de la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Así lo ha avanzado Montero al responder a una pregunta oral de IULV-CA en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, donde ha querido recordar que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y cada uno de sus subsectores fueron acordados en las reuniones del Consejo de Ministros del 28 de junio (período 2014-16) y 12 de julio de 2013 (año 2013).

A juicio del Gobierno andaluz, según ha explicado la consejera, dichos acuerdos "incumplen" lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, pero fija un periodo transitorio para su reducción paulatina hasta 2020.

Sin embargo, según Montero, el Gobierno "no solo se salta el período transitorio al acortar el plazo previsto, sino que a la vez impone unos objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la Ley Orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías, pero, sobre todo, para los ciudadanos".

Ante ello, la consejera ha criticado también que el Gobierno central se haya "apropiado del mayor margen que la Comisión Europea concedió a España para reconducir el déficit público, en detrimento de las comunidades autónomas".

Un recurso previsto

Fuentes de la Consejería de Hacienda han aclarado a Europa Press que este recurso se producirá después de que, el pasado 28 de enero, el Gobierno comunicara formalmente a la Junta (después de haberlo aprobado en el Consejo de Ministros del día 10 de ese mismo mes) que no admitía el requerimiento presentado por la Administración andaluza para que se modificara este reparto del objetivo de déficit.

La presentación de dicho requerimiento por parte de la Junta fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de agosto de 2013, por lo que, en cierto modo, se preveía que el Gobierno pudiera no admitirlo y que la Junta, tal y como anunció entonces, tuviera que utilizar todos los cauces legales a su alcance para intentar otro reparto del objetivo de déficit.

De ahí que Montero haya mostrado también su esperanza en que "los tribunales den la razón a la pretensión del gobierno autonómico para que podamos disfrutar del mayor margen que se le concedió al gobierno de España al objeto de que la disminución del gasto publico no tuviera un efecto depresor sobre a economía y pudiéramos contribuir y seguir trabajando en la generación de empleo en la comunidad".

El diputado de IULV-CA Ignacio García, que ha valorado que la Junta haya cumplido el objetivo de déficit para este ejercicio y haya demostrado su "seriedad contable" pese al "sufrimiento" que supone haber hecho frente a las "imposiciones" del Ejecutivo central, ha celebrado que la Junta mantenga su disposición de utilizar todos los cauces legales para evitar este "despropósito" del Gobierno que ha considerado "doblemente injusto".

Por un lado, según ha argumentado, porque el Gobierno de Mariano Rajoy "se empeña en no aprovechar todo el margen temporal que concede la ley de Estabilidad Presupuestaria" (que da de plazo hasta 2020 para que España reduzca su déficit estructural) y, de otro, porque el reparto que hace de los objetivos es un "auténtico abuso y una vuelta de tuerca más" que, a su juicio, "no responde a una cuestión meramente contable sino un intento de modificar el reparto del gasto del dinero público, así como de las políticas e incluso de la organización del Estado, y al final, de privatizar los servicios sociales".

No se harán más ajustes en 2014

En esta Comisión de Hacienda, la consejera también ha respondido a otra pregunta oral del Grupo Socialista sobre las medidas de austeridad puestas en marcha por la Junta desde que inició la crisis y, en su respuesta, ha subrayado que, dado el "importante esfuerzo acumulado" ya en estos últimos meses, Andalucía no sólo ha cumplido con el objetivo de déficit "sin merma de servicios esenciales" sino que, además, podrá terminar 2014 sin "tener que realizar nuevos ajustes".

Montero ha recordado que medidas como las implantadas en la reestructuración del sector público instrumental a través de políticas de eficiencia e innovación han permitido "la reducción de las transferencias corrientes a los entes" y que, en materia de ingresos, por ejemplo, se ha registrado un "importante incremento" de la capacidad recaudatoria de la comunidad a través de los mayores ingresos derivados de tributos como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio y los primeros resultados del plan de choque contra el fraude fiscal, que han permitido aflorar en torno a 300 millones de euros.

También ha mencionado iniciativas como las centrales de compra y las plataformas logísticas provinciales que han permitido importantes ahorros en el gasto sanitario.