Canarias registró el año pasado 10 agresiones a médicos, dos más que el año anterior, según los datos de 2013 del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) hechos públicos este jueves.

En el último año se notificaron en España un total de 354 agresiones a médicos durante el ejercicio de su actividad, lo que representa un descenso del 15 por ciento con respecto al año anterior, cuando se produjeron 416 casos.

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario que se celebra este jueves, el presidente de esta entidad colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha insistido en que "no se puede tolerar" que se sigan produciendo estos incidentes.

"Un profesional sanitario cuando trabaja no hace más que intentar distribuir los recursos que le ofrecen, no tiene recursos propios, y es el que pone la cara a decisiones que toman otros, los políticos o los gerentes, para decirle a la gente a lo que tienen o no derecho", ha insistido.

El informe muestra un descenso de casos en la mayoría de las comunidades en comparación con el año anterior, que es especialmente significativo en Andalucía (de 93 a 80), Comunidad de Madrid (63 a 44) o Murcia (16 a 6). En cambio, hay otras donde el número de casos se ha incrementado, como Castilla-La Mancha (de 12 a 17), Asturias (de 11 a 13), Canarias (de 8 a 10) o Cantabria (de 10 a 12).

Teniendo en cuenta el número de agresiones por cada mil médicos colegiados, se observa como la región con más casos es Ceuta y Melilla, con 11,97 casos por cada mil facultativos, seguida de Extremadura (4,66), Cantabria (3,64) o Andalucía (2,37), mientras que las que presentan una menor tasa son Aragón (0,12), País Vasco (0,47) y Galicia (0,54).

El presidente de la OMC ha criticado estas diferencias territoriales y ha mostrado su "hartazgo" porque haya regiones "que no hagan nada".

La mayoría de casos se siguen registrando en la sanidad pública (89%), y hasta en el 56 por ciento se producen en Atención Primaria, frente al 27 por ciento que se producen en el ámbito hospitalario, casi la mitad de éstas en los servicios de Urgencias.

En cuanto al agresor, el informe muestra como uno de cada cuatro (25%) son familiares del paciente, una circunstancia que ha disminuido respecto al año anterior que era 1 de cada 3. El 34 por ciento eran pacientes que tenían cita, mientras que un 25 por ciento eran pacientes del centro que acudieron si cita previa y hasta un 16 por ciento eran usuarios del centro donde se producen las agresiones.

Discrepancias con la atención recibida,

Principal motivo del agresor

Entre los motivos, aumenta considerablemente el porcentaje de agresiones por emitir informes médicos no acordes con sus exigencias, que ha pasado del 6 al 11 por ciento, idéntico porcentaje que viene justificado por no recetar el medicamento propuesto por el paciente.

El resto, el 30 por ciento se producen por discrepancias en la atención médica, el 12 por ciento por el tiempo en ser atendido; el 9 por ciento por discrepancias personales; el 7 por ciento en relación a la incapacidad laboral; el 4 por ciento por malestar en el funcionamiento del centro y el 16 por ciento por otras causas.

Además, de las agresiones producidas en el 18 por ciento de los casos se produjeron lesiones de algún tipo y hasta en un 9 por ciento de los casos el médico pidió la baja laboral.

El informe también muestra como en el 63 por ciento de los casos se efectuaron diligencias y, de estos, en el 68 por ciento se presentó denuncia y en un 59 por ciento se celebró juicio.

El problema, ha reconocido el secretario general de la OMC, Serafín Romero, es que hasta en un 68 por ciento de estos casos los médicos no contaron con el apoyo o asesoramiento del centro/empresa donde realizaban su trabajo en el momento de la agresión.

Disparidad de sentencias

Y en los cuatro años que lleva en marcha el Observatorio, se han registrado un total de 109 sentencias, con una variabilidad en la tipificación de las lesiones y amenazas recibidas, ya que en unos casos han sido consideradas delito y en otros falta.

Precisamente estas diferencias también han sido criticadas por el presidente de la OMC, quien lamenta que todavía no se haya homogeneizado la respuesta de jueces y fiscales.

"Hay quienes lo consideran un atentado, pero si sucede en el ámbito público. Pero hay otros que entienden que trabajar en un centro público es diferente a hacerlo en uno privado", asegura Rodríguez Sendín, ya que hay jueces que se ampara en que si trabajan en la sanidad privada no se pueden considerar autoridad pública. "No puede ser que pegar un bofetón sea más barato hacerlo por la tarde en la consulta privada que por la mañana en la pública", ha insistido.

Asimismo, también exigen respuestas administrativas rápidas para que se separe a ese profesional de los servicios sanitarios de los agresores. "Porque si lo va a seguir atendiendo durante tres años hasta que se produzca la sentencia, lo que va a suceder es que la próxima vez no va a denunciar", ha lamentado.