La juez Alaya deja en libertad bajo fianza a los dos únicos encarcelados por 'Madeja'

La instructora fija una fianza de 250.000 euros para un empresario de 'Fitonovo' y de 150.000 euros para un extrabajador municipal

La juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad bajo fianzas de 250.000 y 150.000 euros, respectivamente, a los dos únicos imputados que permanecen encarcelados desde el pasado 19 de diciembre en el marco de la operación 'Madeja' en el que se investigan las supuestas dádivas entregadas al exdirector del área de Vía Pública y exasesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, entre otros, a cambio de la adjudicación de contratos públicos a las empresas 'Fitonovo' y 'Fiverde'.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en sendos autos notificados este pasado martes, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda dejar en libertad bajo fianza de 250.000 euros al empresario de 'Fitonovo' José Antonio González Baró, que se encuentra interno en la prisión de Sevilla-I junto al exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, para quien ha fijado una fianza de 150.000 euros.

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, en el caso de Francisco de Amores, su entorno ha solicitado un aval bancario a fin de poder pagar la fianza y se encuentra a la espera de que se materialice su concesión para presentar dicho aval en el Juzgado y que el imputado pueda salir en libertad, lo que se podría producir esta misma semana.

Cabe recordar que la juez Alaya prorrogó recientemente el secreto de sumario que pesa sobre el caso desde julio de 2013.

Actualmente, sólo siguen en prisión José Antonio González Baró y Francisco de Amores, ya que el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000 euros.

Dos fases

La operación 'Madeja', desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron inicialmente en prisión tres.

De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

CONTABILIDAD 'B'

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.

En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.

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