El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha reclamado este miércoles "lealtad constitucional" para el buen funcionamiento del Estado autonómico, por lo que los poderes públicos deben "abstenerse" de tomar decisiones que perjudiquen al conjunto de los españoles.

Pérez de los Cobos ha asegurado, además, que el grado de descentralización política que se ha producido con este modelo surgido de la Constitución de 1978 es "perfectamente comparable" al de los Estados federales.

Aunque en ningún momento ha aludido de forma directa al proceso soberanista de Cataluña, Pérez de los Cobos ha vuelto este miércoles a aludir a esta situación en un discurso pronunciado en el Constitucional, que precisamente tiene pendiente de resolver los recursos sobre esta misma cuestión.

"Los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen el interés general", ha dicho en el discurso pronunciado en la toma de posesión del nuevo magistrado del TC, Ricardo Enríquez Sancho.

Es más, ha subrayado Pérez de los Cobos, se debe tener en cuenta que la "comunidad de intereses" que vincula entre sí a los poderes públicos en el estado de las autonomías "no puede resultar disgregada o menoscabada como consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses".

El presidente del TC ha sostenido que la lealtad constitucional supone "compromiso", y no solo "la mera sujeción a la Constitución" ni "la adhesión emocional a la misma", sino "la aceptación sin reservas" de todas las reglas que integran la Constitución.

Al acto de toma de posesión de Ricardo Enríquez Sancho, hasta ahora magistrado del Tribunal Supremo y elegido por el Senado con los votos del PP, han asistido, entre otras personalidades, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

En su discurso en el acto, el presidente del TC ha considerado que si se repasan las aspiraciones sociales de la Constitución, a sus 35 años de vigencia, hay que destacar el "extraordinario éxito conseguido", aunque "con los matices y salvedades que se quieran". Según Pérez de los Cobos, la Carta Magna ha sido "un marco de integración política" que ha estado "abierto a la convivencia", lo que ha permitido alcanzar "un nivel de respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos insólito en nuestra histórica política".

Además de permitir la alternancia política "con naturalidad", y que diferentes partidos hayan desarrollado sus programas de gobierno, se ha conformado un Estado "con un grado de descentralización política perfectamente comparable al de los Estado federales".

Ha garantizado, además, "a las nacionalidades y regiones que lo integran un nivel de autogobierno del que nunca antes habían gozado", ha destacado Pérez de los Cobos. Este marco, ha subrayado también, "ha amparado y ampara la convivencia de todos, incluso de quienes no participan de sus valores y querrían sustituirlos por otros, siempre y cuando la reforma se plantee desde el respeto a las reglas que la propia Constitución establece".

Tras citar a Cicerón en el principio "somos esclavos de las leyes para poder ser libres", el presidente del TC ha recordado que la Constitución proclamó la voluntad de la nación española en someterse al imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

"Pero no de cualquiera leyes -ha añadido-, sino precisamente de las que se produzcan 'dentro de la Constitución', de modo que el principio de legalidad se identifica con la legalidad constitucional, lo que supone que el sometimiento del legislador a la Constitución determina la propia validez de la ley".

Teniendo en cuenta que en nuestro país existen "una diversidad de legisladores", en alusión a los parlamentos autonómicos, Pérez de los Cobos ha considerado que se debe operar desde el principio de "lealtad constitucional", pues constituye, como ha señalado la jurisprudencia, "un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico".