El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tratará este miércoles junto con los responsables autonómicos del ramo, excepto la de Cataluña, el proyecto de real decreto que regula la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial.

Será la primera vez que el ministro se reúna con los consejeros de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias y Canarias, tres comunidades que, junto con Cataluña, han presentado recursos de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La consellera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Irene Rigau, no va a acudir a este encuentro en Madrid, tal y como ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno de esta comunidad, Francesc Homs, alegando que el contenido y forma de este decreto "es una declaración de no diálogo en toda regla" y una "provocación".

Sobre este proyecto normativo la consellera Rigau dijo que "rompe" con el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y "presupone" la existencia de un tipo de escuela que "no existe" en esta comunidad autónoma.

El texto desarrolla la dispoción adicional trigésimo octava —'Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal'—, que el departamento de José Ignacio Wert ha sometido a información pública y que será aplicado a partir del 1 de septiembre.

Adelantar el pago

La disposición establece que si una comunidad autónoma con lengua cooficial no garantiza una plaza pública en la que el castellano sea lengua vehicular, tendrá que pagar una plaza en un centro privado. El texto que este miércoles se debate precisa que las familias que no vean satisfecho este derecho deberán pagar por adelantado los costes de la matrícula y después reclamarlos debidamente justificados al Ministerio de Educación.

Este departamento tendrá seis meses para resolver las solicitudes de compensación a las familias y deducirá o retendrá de la financiación autonómica los gastos de escolarización en colegios privados de aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano en un centro público.

El texto regula el procedimiento para solicitar el abono de los costes del centro privado y la documentación requerida para tal fin, en el caso de que la administración educativa autonómica no ofrezca una "oferta razonable". Además, advierte de que no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de lengua habitual.

Advierte de que tampoco verá razonables aquellas ofertas de enseñanza en castellano que impliquen la escolarización del alumnado fuera del municipio de su domicilio, sin perjuicio de la posibilidad de escolarización en un municipio próximo al de su residencia.

El Ministerio de Educación compensará los costes para la "eficaz prestación del servicio educativo" —matriculación, escolarización, y gastos complementarios como transporte o comedor, en el caso en que sean necesarios—. El derecho a esta compensación de los costes tendrá efectos desde el inicio del curso en que se reconozca hasta la finalización de la educación obligatoria.

Advierte de la inmersión lingüística

En el preámbulo de este decreto, Educación señala que el Tribunal Constitucional ha reconocido "de forma reiterada" que la exclusión del castellano como lengua vehicular resulta inconstitucional y que el Tribunal Supremo, amparándose en esta doctrina, ha desarrollado jurisprudencia al reconocer el derecho de los padres recurrentes a que el castellano se utilice como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, obligando a la administración educativa a adoptar medidas para ello.

También apunta que en la actualidad, la "mayor parte" de las comunidades autónomas con lengua cooficial garantizan el uso vehicular de ambas lenguas e incluso de una tercera lengua extranjera. No cita en todo el texto el caso de Cataluña, pero sí advierte de que los modelos de inmersión lingüística se reconocen con una única limitación: que no excluyan el uso del castellano como lengua vehicular.