El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha presentado alegaciones a la propuesta de la Junta de Andalucía de retirarle la concesión para la ampliación del puerto deportivo ante el incumplimiento, según el Gobierno andaluz, de los plazos establecidos. La Administración local considera "arbitrarias" las exigencias de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y que denotan, incluso, "abuso de poder y falta de diligencia", por lo que ha advertido de que no descarta la petición de indemnizaciones por "los enormes perjuicios causados".

En su escrito, el Consistorio benalmadense defiende que la APPA debe regularizar la supuesta concesión de la ampliación del puerto deportivo, para lo que tiene que remitir el proyecto que considere que ha de ser ejecutado, en caso de que, según precisa, sea distinto al único que hasta ahora ha sido informado favorablemente por el Ministerio de Medio Ambiente —en junio de 2003—, es decir, el suscrito por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Luis Almazán.

Ante esto, debería rectificar el pliego de condiciones administrativas que tiene que regir la concesión, contemplando el proyecto que verdaderamente sea informado con carácter previo a la adscripción.

En esta línea, le reclama que formalice el acta de adscripción correspondiente contemplando la totalidad de la superficie adscrita que le permita otorgar correctamente la concesión del dominio público portuario.

Al respecto, el Consistorio argumenta que la APPA debe otorgar correctamente la concesión indicando "con claridad" su objeto y superficie, ya que, "actualmente, no consta ni una ni otra cosa, tan solo una modificación sustancial de la antigua y presente concesión".

Según el Ayuntamiento que dirige la 'popular' Paloma García Gálvez, la APPA debe tener en cuenta que, "por mera obligación de carácter legal e imperativa", no es posible el comienzo de las obras hasta que no esté realizada la adscripción.

Asimismo, expone que la APPA deberá distinguir entre el acto de aprobación de las condiciones que han de regir la concesión y el otorgamiento de la concesión en sí; especialmente, a los efectos del cómputo del plazo para el comienzo de las obras, ya que, según alerta, "equívocamente, ha tomado como referencia, actos distintos".

Sobre el canon, la Agencia deberá definir claramente qué pretende cobrar y, según fundamentos jurídicos, si es a favor del Estado o de la Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta su devengo desde que se produzca la ocupación, lo que, a su juicio, "resulta difícil si previamente no ha habido adscripción".

Insiste en que la APPA ha de tener "muy en cuenta" las actuaciones realizadas hasta ahora, considerando que la exigencia "irregularmente" de que "en tres meses de inicie una obra bajo la amenaza de la extinción de la concesión" es "arbitraria" y "denota abuso de poder y falta de diligencia por su parte".

Ante esto, ha demandado a la APPA, "en un último esfuerzo de petición de una mínima lealtad institucional y de un mínimo respeto a la población de Benalmádena", que "se avenga a solucionar las múltiples deficiencias existentes", manteniendo cuantas reuniones fueran precisas con el Ayuntamiento y el Estado, de modo que, "con transparencia y cumplimiento de la legalidad", se pueda continuar con la concesión proyectada hace ya más de 10 años, beneficiando, en suma, a "la ciudadanía, la economía local y la propia Junta".

APPA

Por su parte, desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía han indicado a Europa Press que se estudiarán las alegaciones presentadas para adoptar una decisión definitiva.

La APPA argumentó en su momento que el pliego de condiciones contempla en su cláusula 24 como supuesto para la extinción la no iniciación, paralización o no terminación de las obras por razones no justificadas en los plazos fijados. Y después de dos años y un mes, "aún no se ha presentado el proyecto constructivo", subrayaron.

Además, precisaron que el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento benalmadense les expuso en un escrito que "no contaba con recursos suficientes para acometer las obras y que, por tanto, tenía que recurrir a una licitación para conseguir un socio inversor externo", lo que sería "una especie de sobreadjudicación".

Un extremo que, según explicaron desde el organismo dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, "no está contemplado en el pliego y, por tanto, plantea serias dudas sobre su legalidad y sobre quién sería el concesionario real: el Ayuntamiento o el socio".

También sería "incompatible con la legalidad vigente", advirtieron, la unificación solicitada por el Ayuntamiento de la concesión del puerto actual, que data de 1977, y la de 2012, de modo que ese hipotético inversor privado pudiera explotarlas conjuntamente.

"bien común de los ciudadanos"

De igual modo, desde la APPA se justifica la extinción de la concesión de 2012 aludiendo "al bien común de los ciudadanos de Benalmádena", ya que "cuanto más tiempo esté vigente la concesión, más deuda acumulará el Ayuntamiento al no poder pagar el canon y, por tanto, los vecinos".

El Gobierno andaluz inició los trámites para la retirada al Consistorio de Benalmádena de la concesión para la ampliación de la marina al no haber elaborado el documento que defina el proceso constructivo.

A principios de este mes de marzo la APPA comunicó al Ayuntamiento, tras tres prórrogas para la presentación del citado documento, la propuesta de extinción del permiso concedido en enero de 2012, contra la que el Consistorio se ha opuesto.

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