La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía mantiene la apuesta por el Distrito Único universitario como una herramienta de igualdad de oportunidades por meritaje, algo que, según han recordado a Europa Press fuentes del departamento encabezado por José Sánchez Maldonado, ya viene recogido en la Ley Andaluza de Universidades (LAU).

Con esta postura, la administración autonómica se alinea con la petición recientemente realizada en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) por las sedes académicas públicas de la región para mantener la actual tesitura de pruebas específicas de acceso, similares para todas las academias en el marco del Distrito Único de Preinscripción, ante los posibles privilegios a los que se abriría la puerta con las normas que desarrollan la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

En concreto, el decreto establece la normativa básica de los requisitos de acceso y de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En esta nueva regulación desaparece la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) como requisito de acceso a estas enseñanzas de acuerdo con la reforma educativa y serán las universidades las que determinen, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a las mismas.

La reclamación de las universidades andaluzas busca combatir situaciones como las que a partir del próximo curso —si bien, tras la Conferencia Sectorial de Universidades de este lunes, la fecha está aún por concretarse— pueden darse para con alumnos de sistemas educativos extranjeros —en dos años se generalizaría— y, en concreto, de centros adscritos a este modelo en la región.

A este respecto, el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Vicente Guzmán, ha indicado a Europa Press que si se cambia el sistema de acceso a la universidad ello debe ser un proceso "común para todos, con independencia de que sean españoles o extranjeros", ya que lo contrario provocaría la existencia de un sector de estudiantado con "ventajas".

Si bien podría plantearse la idoneidad de la medida a cuatro años vista, lo que para Guzmán no es de recibo es que "ya para el curso siguiente, de golpe y sin capacidad de reacción, podamos encontrárnoslo", algo que el rector considera "muy precipitado", en el sentido de que "se intentaría encajar en las universidades por la fuerza de los hechos".

Ello, salvo que "entre todos podamos encontrar de común acuerdo vías para llevar a cabo todas las universidades actuaciones que respeten la igualdad", subraya Guzmán, que apunta a la Secretaría General de Universidades andaluza como un "elemento básico de cohesión del sistema".