La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en un informe elevado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, concluye que en la póliza relativa al expediente de la empresa Dhul, ligada al empresario José María Ruiz-Mateos, "se abonaron comisiones por encima de la media de mercado por importe de 2.411.195,63 euros".

En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Dirección General de Seguros pone de manifiesto que la suscripción de la póliza con Personal Life "fue llevada a cabo con la intervención de mediadores cuya comisión encareció significativamente el coste del seguro sin que la necesidad de su actuación esté claramente justificada".

Según la Dirección de Seguros, "no se ha encontrado justificación sobre los criterios de la elección de esta entidad aseguradora ni documentación sobre la utilización de un procedimiento de concurrencia competitiva entre varias entidades aseguradoras para suscribir el seguro más ventajoso", a lo que se suma que la póliza fue suscrita con una entidad aseguradora "que carecía de la preceptiva autorización administrativa para operar fuera de la comunidad autónoma de Cataluña".

Añade, además, que la póliza "se suscribió con la mediación irregular de Vitalia, que actuaba como correduría de seguros aunque carecía" de la autorización administrativa para ello, señalando que, en el marco de la póliza, "se pactó que Vitalia retendría el posible extorno de prima que se derivase de la modificación de las condiciones personales del asegurado", acuerdo por el que "podría haberse lucrado indebidamente".

También llama la atención sobre el hecho de que, en la póliza, "no figura como parte del contrato la Dirección General de Trabajo, aunque asume el compromiso de pago de la mayor parte de la prima", la cual "incluye un recargo injustificado de 79.340,71 euros que se destinó al pago de un concepto ajeno a la póliza".

Asimismo, detecta que la póliza incluye entre sus asegurados a cinco 'intrusos', entre ellos dos cuñados del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, como son Carmelo Cruz y Ángeles Sierra, y la esposa de un sindicalista relacionado también con Lanzas, como es Fernanda García, ascendiendo el coste de la prima de los 'intrusos' a 665.612,63 euros.

Dos hijos de ruiz-

Mateos declaran como imputados ante la guardia civil

Precisa que las "características" del seguro de los tres 'intrusos' vinculados a Lanzas "hacen que el contrato fuera en realidad un instrumento de transferencia de fondos al que se le dio apariencia de seguro".

Sus conclusiones coinciden con las plasmadas por la Guardia Civil en su informe de seguimiento sobre Dhul, en el marco del cual han tomado declaración como imputados a dos hijos de Ruiz-Mateos, como son Francisco Javier y Álvaro.

Así, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) concluyen que "el aumento injustificado del porcentaje de la prima comercial" en la póliza referida "supone un incremento considerable —2,4 millones de euros— de las comisiones a percibir por la mediadora Vitalia, que fue la que, documentalmente, desarrolló un papel activo en la tramitación de expediente y de las pólizas" para Dhul.

En sus conclusiones sobre Dhul, los agentes dicen que fue el 16 de abril de 2002 cuando la empresa presentó la solicitud de ERE ante la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, "siendo en ese momento consejero de Empleo José Antonio Viera", solicitud que "viene acompañada de varios documentos, entre los que se encuentra una relación aneja de 77 personas que van a verse afectadas por la medida extintiva".

Esta solicitud, según la Guardia Civil, fue aprobada mediante resolución de 24 de febrero de 2002 por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "para 77 trabajadores por causas económicas, técnicas y organizativas", tras lo que el 31 de mayo de 2002 se firmó el convenio de colaboración con el IFA por el que Dhul recibiría 7,6 millones por el ERE.

"IRREGULARIDAD"

No obstante, "entre la documentación que conforma el expediente facilitado por la Junta no se observa solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna, sustituyéndose la misma por el protocolo, el convenio de colaboración y la solicitud de ERE", a lo que se suma que la firma del protocolo de colaboración mediante el que Trabajo se compromete a gestionar las ayudas relativas a la prejubilación de los trabajadores "se lleva a cabo aproximadamente cuatro meses antes de la solicitud de ERE por parte de la empresa".

"Todo esto supone una irregularidad en el procedimiento a seguir, puesto que existía un compromiso previo, por parte de la Dirección General de Trabajo, de concesión de ayudas y autorización de un procedimiento de ERE", dice la Guardia Civil.

Dentro de su investigación, la Guardia Civil tomó declaración como testigo al exabogado de Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, quien aseguró que "le presentaron" al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías "indicándole que les había pedido ayuda para hacerse cargo de la antigua Cárnicas de Jaén, que se iban a hacer cargo de más de 50 trabajadores e instalar una fábrica de platos cocinados para Dhul y que la Junta iba a poner más de 20.000.000 euros para ayudas".

Según su declaración, prestada en febrero de 2012, la fábrica "se construyó pero aún no está terminada", señalando que al arquitecto de la obra "se le adeuda la totalidad de la construcción de la fábrica, puesto que los 20 millones de ayudas se destinaron a otros menesteres". Además, "le mencionaron que se habían tramitado otras subvenciones para otras compañías del Grupo Nueva Rumasa de Andalucía a través de Gaspar Zarrías", aunque "desconoce los datos concretos".

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