Zaragoza será el primer gran municipio de España que someta a una empresa municipal de mercado, a la sociedad pública Zaragoza Vivienda, a una auditoría del buen común para medir su aportación al bienestar colectivo de los ciudadanos.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Martín, al explicar que han alcanzado un acuerdo con el gobierno de la ciudad para que la capital sea la primera ciudad española que audite una empresa pública "bajo la matriz del bien común".

Este modelo de economía alternativa surgió en Austria hace cuatro años y pretende establecer nuevas relaciones económicas "distintas, basadas en los valores del bien común", como son la transparencia, cooperación, solidaridad, democracia, responsabilidad y confianza.

La auditoría mide valores como la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática y transparencia y los vincula a las relaciones de la sociedad o empresa con sus proveedores; financiadores; empleados y propietarios; clientes, productos y servicios; y su ámbito social, así como contempla criterios negativos que restan puntos en el análisis.

De esta forma, se ha decidido que Zaragoza Vivienda sea la primera sociedad pública que se somete a este examen, dado que gestiona 13 millones de euros de facturación de los que 7 responden a aportaciones privadas.

Para Martín, esta auditoría supone "un salto cualitativo" y desean acordar un sistema de incentivos para que también las empresas privadas se sumen a la economía del bien común. "Queremos demostrar que se puede auditar así y que las empresas aceptan estos principios", propuesta que plantearán en los próximos plenos para extender este modelo.

El portavoz de CHA ha precisado que la auditoría tendrá un coste de 700 euros para la sociedad Zaragoza Vivienda y la realizarán auditores externos al Ayuntamiento y "reconocidos por la economía del bien común".

Puntos a estudiar

Estudiarán, entre otros puntos, la gestión ética de la oferta y las finanzas; la calidad de los puestos de trabajo y la igualdad; las relaciones éticas con los clientes; el reparto justo del volumen de trabajo y de la renta; el comportamiento ecológico o la democracia interna y transparencia.

Entre los parámetros negativos figuran el quebrantamiento de las normas de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; la compra hostil; el impacto medioambiental a ecosistemas; la evasión de impuestos y no revelar todas las participaciones de la empresa.

Martín ha comentado que la Responsabilidad Social Corporativa es "un estado primario, primigenio, de la economía del bien común, que va más allá y crea un círculo de excelencia social", ha resaltado, para detallar que Aragón aún no cuenta con auditores del bien común, figura que ya existe en otras Comunidades, si bien se ha formado un grupo de colaboradores con este modelo.

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