El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, cuyo objetivo es hacer "visible" a los ciudadanos "toda la información sobre la gestión pública", ha dicho el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro. Ahora se abre un proceso de participación hasta que se convierta en proyecto legislativo y se remita a las Cortes antes de que termine el actual periodo de sesiones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha señalado que la Ley pretende que los ciudadanos se puedan crear su opinión sobre la gestión pública. Este es un "compromiso" del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi que se enmarca en el impulso a la transparencia que promueven la Unión Europea y el Gobierno de España.

"Entendemos la transparencia como un derecho a estar informado sobre los servicios públicos" y que los ciudadanos "sepan como se gestionan sus impuestos" con "veracidad y objetividad". De hecho, el Gobierno creará un Portal Transparencia para colgar información que podrán consultar los interesados, ha comentado el portavoz.

El anteproyecto de ley contempla normas sobre publicidad activa y pasiva, siendo la primera la que las Administraciones, no solo la autonómica, sino también las locales, están obligadas a dar "sin que nadie nos lo pida".

Las entidades que estarán obligadas a ser transparentes son la Diputación General de Aragón, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social (CESA), todas las Administraciones locales, los organismos autónomos y entidades de derecho público, así como los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban subvenciones autonómicas y la Universidad de Zaragoza (UZ).

También, las corporaciones de Derecho Público, las sociedades mercantiles y fundaciones con participación pública superior al 30 por cien, las Cortes de Aragón, el Justicia, la Cámara de Cuentas, cualquier entidad privada que perciba de las Administraciones Públicas aragonesas durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o aquellas que obtengan mediante subvenciones al menos un 40 por ciento del total de sus ingresos anuales y que estas ayudas alcancen como mínimo los 25.000 euros.

Roberto Bermúdez de Castro ha ejemplificado esta norma informando de que la sociedad mixta del sector de la nieve Aramón "tendrá la obligación de ser transparente", al igual que Aragón Televisión y Aragón Radio.

Información actualizada

Estas entidades deben, entre otras cosas, elaborar, mantener actualizada y difundir por medios electrónicos, la información que garantice la transparencia de su actividad.

Todos ellas tendrán que dar a conocer su estructura, funciones, dirección postal de la sede, las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables de la entidad. Además, el sector público hará públicos los convenios colectivos, ofertas de empleo y procesos selectivos.

En el caso de los contratos públicos, se publicará el objeto de los mismos, las fechas, los importes, la licitación y la adjudicación, así como el número de licitantes. También se informará sobre las subcontratas y las encomiendas de gestión del Gobierno regional a otras Administraciones.

"Se va a dar información financiera, presupuestaria y estadística" de forma "constante", ha asegurado Bermúdez de Castro, quien ha avanzado que se publicarán los presupuestos, las cuentas anuales, los informes de auditoría e información estadística para valorar la calidad de los servicios públicos, la deuda pública y algunas estadísticas tributarias.

Respecto del Gobierno, se podrán consultar datos biográficos, funciones, compatibilidades de cargos, las retribuciones que reciben por el ejercicio y los gastos de representación. También, las agendas públicas, el personal de confianza —con sus funciones y retribuciones— y el dinero que se destine a las campañas de publicidad institucional.

El Ejecutivo deberá elaborar, en los primeros seis meses de gestión, un "Plan de Gobierno" con el que informará a la ciudadanía de los objetivos para los cuatro años, que vendrán acompañados de una evaluación final, ha agregado el portavoz.

Además, el anteproyecto reconoce el derecho a la publicidad pasiva, es decir, que los ciudadanos a partir de los 16 años podrán solicitar información a las Administraciones públicas y organismos dependientes, que tendrán que responder en el plazo de 30 días, salvo que se lo impida alguna norma superior, como la Ley de Protección de Datos, en cuyo caso notificarán esta circunstancia al interesado en los primeros 20 días.

De esta forma, ha dicho Bermúdez, se introduce el "silencio positivo" de la Administración, ya que si transcurren más de 20 días sin obtener respuesat negativa de una Administración, esta deberá aportar la información solicitada en el plazo señalado. Los ciudadanos se podrán dirigir a las Administraciones por la vía telemática —preferentemente—, por teléfono o personalmente en las ventanillas de información al público.

Consejo de transparencia

El anteproyecto prevé la creación del Consejo de Transparencia, que será un ente independiente del Gobierno que garantizará la correcta aplicación de estas normas. Lo formarán dos diputados autonómicos, un representante del Justicia de Aragón, otro del Consejo Consultivo, un miembro de las Administraciones locales y representantes del Gobierno de Aragón.

La Ley de Transparencia, que irá acompañada de una memoria económica que valorará su coste de aplicación, incluirá un régimen de sanciones económicas y se publicará qué institución o entidad incumple esta ley. El Gobierno de España va a publicar un ranking que reflejará el grado de cumplimiento de la normativa nacional de transparencia en las comunidades autónomas.

El portavoz del Ejecutivo ha comentado que la aprobación de este anteproyecto conllevará la reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, ya que la futura normativa sobre transparencia obligará a publicar algunos datos de los altos cargos de las Administraciones.

Participación ciudadana

La Ley establece normas en el ámbito de la participación ciudadana, dando "forma legal" a lo que ya hace el Gobierno autónomo desde hace años, ha apuntado Bermúdez de Castro, quien ha reconocido que este método de actuación es "heredado" del anterior Ejecutivo. Ha hecho notar que Aragón ha ganado premios internacionales por su labor de impulso a la participación ciudadana

Con la participación ciudadana que contempla esta Ley se trata de implicar al ciudadano en las políticas que impulse el Gobierno de Aragón. Se realizará a través de procesos y mecanismos que permitan que sus opiniones se valoren y se reflejen en las políticas, han informado en una nota.

La participación es un derecho que recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón y se fundamenta en los principios de igualdad, información, transparencia, pluralidad, tolerancia y corresponsabilidad. Por medio de ella se establecen cauces que fomentan la posibilidad de que los ciudadanos formen parte, de forma individual y colectiva, en las políticas. De hecho, esta misma ley es un ejemplo, ya que se abrirá un plazo de dos meses aproximadamente para que el que quiera pueda hacer sus aportaciones.

Todas las aportaciones se realizarán a través del Portal de 'Aragón Participa' (www.aragonparticipa.es) y a través de actos presenciales. Como en los procesos en los que ya se ha podido participar y los que ya están en marcha, podrá participar cualquier ciudadano y habrá una fase de información, una de debate y otra de retorno. Lo que salga de esos procesos de participación tendrá carácter orientativo.

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